Hace algunas semanas el Congreso Nacional aprobó la postergación del Sistema de Admisión Escolar para la región Metropolitana, basándose en antecedentes técnicos que demostraron que la viabilidad de su implementación se ponía en riesgo por las características demográficas particulares de la región. Esto permitió despejar las dudas que ciertos académicos y parlamentarios tuvieron sobre el compromiso del gobierno con la implementación de las reformas de la administración anterior, lo que se ve refrendado con el voto favorable de los parlamentarios oficialistas. No se justifica persistir en dicha desconfianza.
Sin perjuicio de lo anterior, lo más positivo es que hoy se abre un nuevo horizonte de discusión para mejorar el Sistema de Admisión, desde las perspectivas políticas del nuevo gobierno. Abrir este debate no es un retroceso ni una renuncia: se trata de volver a promover el derecho preferente de los padres, altamente valorado por la población y consagrado en la Constitución, dentro de un nuevo marco de política pública.
Tomar los aprendizajes de la puesta en marcha del Sistema de Admisión Escolar en otras regiones del país es un buen comienzo. El Ministerio de Educación realizó en 2015 una encuesta sobre esta política, la cual, si se complementa con los resultados de la implementación efectiva en los años 2016 y 2017, nos permite extraer algunas pistas para su mejoramiento.
Un aspecto fundamental es que las familias conozcan un número suficiente de establecimientos en los que desearían quedar admitidos. Conocer e involucrarse con los proyectos educativos es clave para el ejercicio efectivo de la libre elección. Los datos muestran que las familias, en general, conocen al menos 2 o 3, y que es difícil que conozcan 5 o más y, postularon a entre 2 y 5 establecimientos en 2017. Es necesario mejorar estas cifras, ya que una postulación que considere solo 2 escuelas aumenta las probabilidades de no quedar asignado a alguna de las preferencias.
Además, los números dan cuenta que los padres conocen establecimientos principalmente por razones sociales. La primera es que alguien del hogar asiste a esta escuela , pero también porque familiares, vecinos o conocidos la conocen. Llama la atención que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por difundir plataformas web para informar, pocas personas las mencionan. Las familias reportan que las dos formas de informarse son visitar el establecimiento y conversar con apoderados que lo conozcan.
Por otra parte, cuando nos preguntamos sobre los atributos que las familias valoran, la encuesta muestra la importancia central del rendimiento académico y la disciplina. Cuando las familias señalan que es lo que entienden por buen rendimiento académico, en general se guían por el Simce, así como las referencias de personas conocidas. Esto es buena noticia, pues se trata de información de calidad y confiable con la cual disponemos.
En el marco de las políticas informativas, estos antecedentes sugieren que debemos reforzar la información activa y presencial. Los datos dan cuenta que las familias están dispuestas a moverse para conocer de manera directa los establecimientos. La importancia de la distancia de la elección también es clave, por lo que las formas de información que se ponga a disposición por parte del ministerio deben tener una dimensión territorial. Asimismo, las preferencias de las familias parecen estar marcadas por sus expectativas académicas. Este aspecto no sólo aparece como relevante cuando se les pregunta en la encuesta, sino que se confirma con las postulaciones efectivas que realizan. En ese sentido, el contenido de la información debe enfatizar la formación que entrega el establecimiento, tanto en valores como en aspectos académicos. Complementario a esto, elementos como la autoestima académica, clima escolar y convivencia son también centrales para las familias. La disponibilidad y calidad de esta información debe ser prioritaria.
Con esta y otra información, es pertinente abrirse a mejorar el Sistema de Admisión Escolar, entendiendo sus limitaciones, pero sin renunciar a promover la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres.
