La Cámara de Diputados ratificó, por 69 votos a favor, tres en contra y 58 abstenciones, el informe de la comisión investigadora del Crédito con Aval del Estado (CAE), que acusa falencias en el diseño e implementación y asigna responsabilidades específicas en la materia.
En particular, el informe, presentado a la Sala por la presidenta de la Comisión, diputada Camila Rojas (IND), indicó una clara responsabilidad política de los ex ministros de Educación y de Hacienda encargados del diseño y posterior implementación en particular de Nicolás Eyzaguirre.
Entre las falencias específicas se mencionaron proyecciones y estimaciones mal dimensionadas sobre el funcionamiento del crédito, especialmente a la luz del crecimiento de la matrícula al alero del CAE; la falta de un adecuado estudio de remuneraciones de los futuros profesionales; y carencia de medidas de protección a los estudiantes, por ejemplo frente a periodos de cesantía.
En el apartado de Responsabilidades también se observó que el mal diseño del CAE y su vínculo con el Sistema de Acreditación introdujo incentivos perversos, contribuyendo a los malos resultados de la política de financiamiento. Asimismo, se remarcó que la banca terminó siendo un ente administrador del crédito, cuyo riesgo fue asumido por el Estado.
En cuanto a organismos específicos, se sostuvo que la Comisión Ingresa tenía facultades (intencionar la tasa de interés mediante las licitaciones y de utilizar estudios sobre la estructura ocupacional del país para otorgar o denegar el CAE a ciertas carreras) que pudieron haberse utilizado para racionalizar el uso del instrumento y que, inexplicablemente, no fueron utilizadas.
Al Sernac, por otra parte, se le critica que pudo haber señalado a la Comisión Ingresa la existencia de cláusulas abusivas para que fuesen modificadas o haber demandado con la finalidad de conocer la opinión de los tribunales en la materia, cuestión que han tenido que hacer los deudores sin apoyo de la institución.
El informe aprobado contempla también otros tres apartados bajo los títulos “Impactos en el sistema de educación superior”, “Abusos del sistema” y “Reparación”.
En cuando a los impactos se concluyó que “ningún organismo fiscaliza adecuadamente la entrega de estos recursos conforme a los fines educacionales que se declaran”. No obstante lo anterior y los problemas asociados al CAE, se reconoció que este fue un instrumento que le permitió el acceso a la educación superior a miles de estudiantes que, de no haber contado con el crédito, no hubiesen podido acceder.
En relación a los abusos, se aseguró que existieron diversas prácticas en contra de los estudiantes. Se mencionaron en este punto la presencia de contratos de adhesión y cláusulas abusivas en los contratos que los estudiantes firmaron para acceder al CAE; y diversas prácticas abusivas por parte de los bancos, principalmente en lo relativo a la condición de moroso del deudor, al acceso a los planes de pago y las vías para efectuarlos. Asimismo, se observó una extrema fragilidad de los estudiantes, especialmente los desertores.
Finalmente, en materia de reparaciones, se sostuvo que existen componentes de la deuda que se han vuelto injustos.
“Es necesario concluir que parte de la deuda por los créditos CAE o Corfo no cumplen con el estándar de confianza que en un Estado de Derecho los ciudadanos deben poder tener hacia órganos públicos. Por tanto, con independencia de las decisiones judiciales que pudiesen existir sobre los asuntos técnicos-jurídicos, los componentes de la deuda que deriven de prácticas abusivas o errores subsanables no son justos”, se sancionó.
La Comisión avanzó también en un marco de propuestas en los cuatro apartados. En el ámbito de las responsabilidades se plantea dotar de mayores atribuciones a los órganos públicos competentes para ejercer control sobre la entrega de recursos a estudiantes e instituciones; realizar estudios serios y acabados que permitan proyectar adecuadamente las políticas de financiamiento; y evitar que los pilares del sistema de financiamiento dependan exclusivamente de la acreditación.
Luego, se aconseja implementar mecanismos de regulación y planificación que orienten los recursos públicos; compensar el desmedro de la educación pública por el excesivo crecimiento del sector privado; implementar una nueva política de financiamiento, administrada por el Estado, de carácter transitorio, que vaya disminuyendo en la medida que avance la gratuidad; y establecer un sistema de financiamiento que, complementando la gratuidad, subsane los errores del CAE.
En materia de abusos, se plantea establecer un organismo que proteja al estudiante, que sea distinto del administrador del crédito, en lo inmediato, y facultar a la Superintendencia de Educación Superior para que fiscalice a los bancos en relación con el CAE. Además, se propone perfeccionar la legislación sobre protección de los derechos de los consumidores, para incluir a los deudores del CAE; y abordar en forma particular la situación específica de los desertores.
Por último, se llama a establecer alguna medida de reparación ante el componente injusto de la deuda, mencionándose entre las opciones la condonación parcial, compensación, tramo exento o la posibilidad de que los deudores se acojan a nuevas condiciones más favorables al menos para los estudiantes que se encuentren en las situaciones más críticas. Asimismo, se plantea una reparación de reconocimiento a los estudiantes que pagaron su deuda.
El informe será enviado al Presidente de la República y a las autoridades a las cuales van dirigidas las propuestas mencionadas.
