El Crédito con Aval del Estado (CAE) ha sido señalado como el gran causante de un sobreendeudamiento que afecta miles de chilenos, quienes vieron en ésta su única opción para acceder a la educación superior. Y tal es su grado de ‘culpabilidad’, que incluso durante octubre de este año, por ejemplo, se buscó otorgar responsabilidades a los ex ministros de Educación Nicolás Eyzaguirre y Sergio Bitar, por los errores cometidos en el diseño e implementación de este sistema que derivó en un “agobio financiero”.
Pero no sólo eso, ya que en el mes de junio de este 2018 el Presidente Sebastián Piñera presentó el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS), el cual reemplazaría al cuestionado CAE y marcaría una importante diferencia: éste sería administrado por el Estado, no como sucedía con el CAE, que estaba en manos de los bancos.
Y si bien, hay una especie de consenso frente a algunos puntos de esta iniciativa considerados como positivos, tal como es la entrega de financiamiento a estudiantes que no están en la gratuidad y que permitiría la continuidad de alumnos que son deudores del CAE antes de 2012, hay otros que han generado más que alguna crítica.
SIFS y gratuidad, ¿complementarios u opuestos?
Desde que fue anunciado este proyecto de ley, hace ya 5 meses, uno de los principales cuestionamientos que se ha adjudicado apunta a la desventaja que correrían- en términos de financiamiento- las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad, en comparación a las que no lo están.
Es que, para Daniel Rodríguez, director Ejecutivo de Acción Educar, “el SIFS es una política considerablemente mejor diseñada, más sustentable, responsable fiscalmente y mucho más inteligente que la gratuidad. Debido a la deficiente manera en que se concibió la gratuidad, no es de extrañar que los rectores de instituciones gratuitas estén agobiados por la fijación de aranceles y la restricción de vacantes, así como por todas las restricciones a la autonomía que implica. Pero en realidad, se han planteado como instrumentos de financiamiento complementarios”.
En esta misma línea, aunque con un mayor énfasis en el desmedro que produciría en los planteles sujetos a la gratuidad, Ricardo Paredes, rector de Duoc UC, afirmó que “el diseño del nuevo crédito hace que el aporte del Estado por alumno en los primeros deciles de ingreso pueda llegar a ser sustancialmente más alto en el caso de instituciones fuera de gratuidad que las que estén dentro”.
Además, la máxima autoridad de la entidad de educación técnica- profesional explicó que, a modo de ejemplo, “una institución dentro de gratuidad recibirá del Estado por un alumno de los primeros cuatro deciles el arancel regulado que se fije. En cambio, si esta institución está fuera de la gratuidad, la transferencia que recibirá la institución por el mismo alumno puede llegar a ser entre 25% y 45% superior a dicho arancel. Los porcentajes varían en función del percentil de ingreso y la acreditación que tenga la institución, pero especialmente para los menores deciles de ingreso las diferencias son muy altas y favorecen a las instituciones fuera de la gratuidad”.
Ante ello, la solución que plantea el rector de Duoc UC apunta a que “las instituciones en gratuidad puedan obtener el mismo aporte estatal que las que están fuera de gratuidad. La diferencia es que en lugar que sea el Estado el que cobre al alumno por el crédito, el Estado lleva una cuenta nocional, que sin tocar al alumno, capitaliza el 10% del ingreso por el período de 15 años, tal como hubiera ocurrido si el alumno hubiese recibido un crédito, pero sin que haya pago. Al cabo de ese período, el 50% del saldo insoluto entre el aporte estatal y el arancel regulado es devuelto por la institución en gratuidad”
Asimismo, “esta propuesta requiere mayor financiamiento, que no es evidente que haya, pero el mecanismo del crédito provee la respuesta. Así, éste puede provenir del aumento del plazo de pago a 20 años por ejemplo, de que la institución avale el 100% de la brecha en lugar del 50%, de un mayor interés por el financiamiento sobre la brecha a la institución, y por cierto, de una combinación de ello”, agregó Paredes.
Por su parte, Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, explicó a El Dínamo que “el proyecto de ley que crea el SIFS busca dar una solución solidaria, viable y responsable a quienes requieren de financiamiento para acceder y mantenerse en la educación superior. No es más conveniente para las instituciones, porque es un crédito que se entrega a los estudiantes y evidentemente, ellos prefieren estudiar con gratuidad más que pedir un crédito, aunque este tenga condiciones favorables. En segundo lugar, el SIFS impone condiciones adicionales a las instituciones de educación superior, que están relacionadas a las garantías que se les exige a las entidades”.
Por otro lado, y más allá del tema de la gratuidad versus SIFS, hay algunos ítems de este último que los expertos señalan que igualmente podrían perfeccionarse, tal como sucede con lo que respecta a los estudiantes del primer decil, quienes podrían quedar aún más endeudados bajo el modelo planteado.
“Este es un problema puntual causado por un descuido menor en el diseño, que hicimos ver al Ministerio de Educación en nuestra presentación en el Senado. El SIFS contiene una tabla que ajusta el monto prestado a la vulnerabilidad del estudiante y la acreditación de la institución, lo que está en principio bien orientado. Pero esta tabla necesita ser corregida para evitar que los estudiantes del decil 1 se endeuden más que los del decil 6 cuando la institución a la que asisten decide otorgar una beca por la diferencia entre el precio real y arancel regulado”, detalló el director Ejecutivo de Acción Educar”.
Sin embargo, para el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, la solución se basa en que “el diseño del SIFS tiene como foco al estudiante, con el propósito de dar la posibilidad de que estudie en la institución que elija, con la idea que el eventual copago que deba enfrentar sea el menor posible. Por otro lado, el sistema está pensado como un crédito blando, es decir, el beneficiario nunca va a pagar más del 10% de sus ingresos. Por lo tanto, nunca va a quedar desfinanciado pues, en el peor de los casos, existirá dicho tope”.
