La permisología le costó a Chile US$2.960 millones durante 2025, equivalente al 0,9% del PIB nacional y se dejaron de crear cerca de 40 mil empleos, según el Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP), elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS). El análisis estima la pérdida económica generada por el retraso en la puesta en marcha de proyectos que se encuentran en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La cifra representa un aumento de 20% respecto de 2024, equivalente a US$490 millones adicionales.
La permisología es una de las principales barreras microeconómicas para el desarrollo. Cuando se extienden los tiempos de tramitación más allá de los propios plazos que fija el Estado, se afecta la valorización económica y financiera de los proyectos, se retrasa la inversión y se bloquea la generación de empleo.
Esto cobra especial relevancia en un contexto económico particularmente frágil, marcado por la caída de 0,5% del PIB en el primer trimestre de 2026 —el peor desempeño trimestral de la economía chilena en 17 años— y por un mercado laboral debilitado, con 39 meses consecutivos de desempleo sobre el 8%. Manteniendo constantes las demás variables, con la reducción de la permisologia Chile podría pasar de crecer en torno al 2% a expandirse entre 2,5% y 2,9%. No es poco.
Durante 2025 se contabilizaron 581 proyectos tramitados, un 33% menos que el promedio registrado durante los últimos 20 años (865 proyectos). De ellos, 380 fueron aprobados, equivalente al 65% de los proyectos tramitados. Tres de cada cuatro proyectos presentaron retrasos en su tramitación. Los mayores tiempos de espera se concentraron en los estudios de impacto ambiental (proyectos más complejos), que aumentaron su tiempo promedio de tramitación desde 776 a 790 días.
La tendencia observada el año pasado se profundizó en 2026. El 72% de los proyectos que siguen en proceso de calificación presentan retrasos, acumulando inversiones por cerca de US$61 mil millones.
Los retrasos en la tramitación ambiental no solo afectan la inversión. El informe estima que la aprobación de los proyectos actualmente retrasados permitiría generar cerca de 40 mil empleos durante su etapa de construcción, además de otros 23 mil puestos de trabajo asociados a su operación y 11 mil vinculados a su fase de cierre.
Los mayores retrasos se explican en buena medida por el aumento sostenido de las exigencias regulatoria por la vía administrativa, lo que ha generado expedientes cada vez más complejos y ha reducido la capacidad del sistema para evaluar proyectos en volumen. A lo anterior se suma la falta de alineamiento entre distintos servicios públicos, lo que ha dificultado avanzar en una tramitación más expedita. Además, el Servicio de Evaluación Ambiental, sin un rol rector, sino que solo coordinador, no ha sido reforzado al ritmo que exige la nueva carga regulatoria y de participación ciudadana, lo que también incide en el aumento de los tiempos de evaluación.
La buena noticia es que el 2025 se aprobaron más de US$42.000 millones, subsanando un enorme déficit durante los años 2022 y 2023, y durante los dos primeros meses de la actual administración ingresó un récord de más de U$22.000 millones adicionales a evaluación ambiental, mostrando que hay mayor confianza de los inversionistas.
Necesitamos más inversión para crecer y crear empleos. No hay balas de plata para recuperar la economía, pero sí sabemos que la reducción de la burocracia excesiva del Estado tiene un enorme potencial reactivador. Las normas ambientales en nuestro país son estrictas y deben cumplirse, pero no podemos permitirnos seguir poniendo barreras irracionales a la inversión. El proyecto de Reconstrucción Nacional propone buenas herramientas para generar certezas y agilizar la tramitación, pero no nos olvidemos que con una visión pro crecimiento de las autoridades, el liderazgo apropiado y una mejor gestión en los servicios públicos, es posible avanzar en paralelo a los cambios regulatorios. En los últimos meses hemos visto buenas pruebas de aquello.
