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16 de Diciembre de 2019

U. de Chile y UMCE deben cobrar más de $700 millones en postgrados adeudados

La Contraloría solicitó a la Universidad de Chile iniciar acciones de cobro y remitir los documentos que acrediten que los alumnos pagaron las obligaciones pendientes.

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La Universidad de Chile no ha cobrado más de $650 millones adeudados por alumnos de postgrados que se titularon o cursaron estudios en las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) y de Ciencias Sociales (FACSO).

Este es uno de los resultados del análisis que realizó la Contraloría General de la República (CGR) a los ingresos recaudados por matrículas y aranceles de magíster y doctorados impartidos entre enero y diciembre de 2018.

En su informe de auditoría N°590, la CGR estableció que 13 titulados en 2018 deben $24.341.768 por concepto de aranceles y que 50 alumnos mantienen pagos pendientes por $91.928.757, al 5 de septiembre de este año. La fiscalización también detectó que 56 funcionarios públicos mantienen deudas con la universidad por $ 202.668.119.

Además, se encontró que la casa de estudios hizo rebajas en los costos de los programas de la FCFM a 37 alumnos por $117.045.664. Sin embargo, se advirtió que en ninguno de los casos mencionó la regla de excepción que favoreció a los estudiantes.

En la FACSO se comprobó que, en algunos casos, no se acreditaron certificados de título de grado o de título profesional requeridos en los reglamentos específicos de los cursos de postgrados.

La Contraloría solicitó a la Universidad de Chile iniciar acciones de cobro y remitir los documentos que acrediten que los alumnos pagaron las obligaciones pendientes.

El organismo fiscalizador también auditó los ingresos recaudados por matrícula y aranceles de postgrado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), entre enero y diciembre de 2018.

En su informe N°589 dio a conocer que 19 titulados de magíster y doctorado debían $8.756.354; y que 71 estudiantes no habían pagado los aranceles por $52.593.277.

En este mismo orden se detectó que había 22 alumnos fallecidos que tenían compromisos pendientes por $6.562.828.

Otra de las irregularidades se relaciona con la falta de exigencia de suscribir un pagaré a 11 personas que se matricularon en 2018; y a ocho alumnos que tenían obligaciones vencidas desde 2016.

La Universidad tampoco aportó los documentos de garantías de 55 estudiantes con obligaciones vencidas antes de 2015, por un total de $45.248.570.

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