Proyecto sobre suspensión de aranceles en la educación superior por la crisis sanitaria avanza pero con modificaciones
La iniciativa ya fue despachada a la Sala por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Por Romina Douglas
Este martes 12 de mayo comenzó la discusión en particular del proyecto que busca suspender el pago de aranceles en la educación superior debido a la crisis sanitaria y económica que afecta al país producto del coronavirus (Covid-19), terminando su tramitación este miércoles 13 de mayo, luego de que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachara a Sala el proyecto.
Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de modificaciones, incluso algunas indicaciones no fueron contempladas por ser calificadas como inconstitucionales.
Dentro de los principales temas aprobados, se encuentra el deber de las universidades de desarrollar un plan con medidas de apoyo orientado a aquellos alumnos que se han visto afectados en materia financiera por la actual crisis.
En esa línea, también se establece que no se podrán cobrar intereses o multas a los estudiantes, como tampoco definirse sanciones por el incumplimiento del pago del arancel y derechos básicos de matrícula.
Además, se definió que la suma adeudada, entre los aranceles y matrícula, sea prorrateado al menos en 24 cuotas iguales y mensuales.
También, se estableció que los alumnos que tengan dificultades económicas, debido a la crisis desatada por el coronavirus, puedan pedir la suspensión del año académico, sin cargos adicionales.
Por otro lado, se acordó que el Ministerio de Educación deberá hacer un nuevo llamado a postular a los beneficios estudiantiles para la educación superior (becas, créditos y gratuidad) durante el segundo semestre, y ante lo cual el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, se manifestó contrario.
“El Ministerio de Educación ya hizo un esfuerzo importante extendiendo de manera extraordinaria el plazo para la postulación a los beneficios estudiantiles, y podrán en el respectivo proceso de apelación mostrar si es que su situación económica ha cambiado. Se nos está pidiendo un esfuerzo adicional, pero ese esfuerzo adicional tiene un costo significativo que no está consignado en el presupuesto del año 2020, del orden de 132 millones de dólares”, afirmó el subsecretario Vargas, según consigna Bío Bío Chile.
