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El nuevo obstáculo que enfrenta la Fiesta de La Tirana 2026 a semanas de su realización

La organización responsable podría enfrentar costos millonarios para cumplir con las garantías exigidas.

A pocas semanas de la realización de la Fiesta de La Tirana 2026, aumentó la inquietud entre autoridades y organizaciones religiosas por los requisitos establecidos en la nueva Ley de Seguridad de Eventos Masivos y de Seguridad Privada, que podrían generar dificultades para la realización de esta tradicional celebración.

Aunque parte de la normativa fue postergada hasta 2027, actualmente se encuentra vigente el Decreto 208, que obliga a los organizadores de actividades con más de tres mil asistentes a contratar seguros de responsabilidad civil o presentar garantías económicas destinadas a cubrir eventuales daños a terceros.

El nuevo obstáculo que enfrenta la Fiesta de La Tirana 2026 a semanas de su realización

La medida ha generado preocupación especialmente en el norte del país, donde distintas comunidades religiosas advierten que los costos asociados podrían resultar difíciles de asumir. En el caso de la Fiesta de La Tirana, se estima la asistencia de más de 250 mil personas durante las jornadas de celebración.

Frente a este escenario, la diputada Ximena Naranjo presentó un proyecto de ley que busca excluir a festividades religiosas, peregrinaciones y actividades de culto de esta obligación cuando sean organizadas por entidades religiosas reconocidas legalmente.

La parlamentaria sostuvo que este tipo de celebraciones tienen un carácter cultural, patrimonial y espiritual que las diferencia de eventos comerciales o espectáculos privados, por lo que considera necesario establecer un tratamiento distinto dentro de la legislación vigente.

Según explicó, las organizaciones responsables de estas festividades podrían enfrentar costos millonarios para cumplir con las garantías exigidas, situación que podría complicar la continuidad de tradiciones como La Tirana o la festividad de San Lorenzo de Tarapacá.

Por su parte, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, reconoció su preocupación por la situación y expresó su confianza en que se encuentre una solución. Asimismo, planteó que la normativa debe considerar las particularidades de este tipo de encuentros religiosos, que cuentan con un importante despliegue de seguridad pública y forman parte de la identidad cultural de la región.

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