Mientras el Gobierno ya activó un comité de ministros y la Fiscalía indaga el paradero de cientos de niños haitianos ingresados al país bajo la figura de reunificación familiar, en el Congreso se busca a los eventuales responsables de no haber advertido la situación a tiempo.
Los ojos han sido puestos rápidamente en el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien desempeñó el cargo durante la administración de Gabriel Boric.
Sin embargo, no sólo Thayer fue alertado del creciente ingreso de vuelos chárter provenientes de Haití sin control aparente. A lo menos otras dos autoridades de gobierno fueron requeridas por el Congreso Nacional para dar información mediante sendos oficios, los cuales nunca fueron respondidos.
La situación es especialmente alarmante al constatar que las alertas se encendieron no en los últimos meses del gobierno anterior, sino que a principios de 2025.
Antes de que el caso se destapara el lunes de esta semana a través de un preinforme de la Contraloría que alertó de menores haitianos inubicables, los presidentes de las comisiones de Gobierno de la Cámara y el Senado solicitaron a las autoridades del Ministerio del Interior información sobre estos vuelos.
La respuesta de todas las instituciones involucradas fue “no tener información”.
El senador Karim Bianch (IND), quien presidió Gobierno en 2025, sostiene en conversación con EL DÍNAMO que la irregularidad se le hizo evidente tras presenciar la llegada de un grupo de menores en un vuelo no controlado. A partir de ahí comenzó a oficiar.
Según relata, consultó primero al ministro del Interior, en ese entonces Álvaro Elizalde, quien se desempeñaba como superior jerárquico de Migraciones, quien le señaló desconocer quiénes llegaban y cómo se financiaban los viajes. A su vez, el entonces jefe del gabinete ministerial lo derivó a Migraciones, que también dijo desconocer la información, y luego a la PDI, cuya respuesta fue que su “sistema está colapsado”” y que “no hace distinción etaria para decir si son menores o mayores”.
“Yo le señalé al director de Migraciones (Luis Thayer) que acá había un problema y que respondiera a los oficios. Jamás respondió a los oficios exactamente de lo que se le solicitaba“, afirma el parlamentario, que apuntó a una flexibilización de los controles pese a las denuncias existentes.
“Todos sabían: la PDI, la Fiscalía, Migraciones, pero nadie hizo nada”, acota.
Con el posterior paso de atribuciones de Interior al ministerio de Seguridad que lideró Luis Cordero, tampoco se obtuvo respuesta.
A Bianchi se suma el exdiputado Rubén Oyarzo (PR), quien presidió la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara el año pasado. “En abril de 2025, en la Comisión de Gobierno Interior que yo presidía, pedimos información a la Dirección de Migraciones, a la PDI, al Ministerio del Interior y al Subsecretario del Interior (Víctor Ramos), por todas estas denuncias de charter de vuelos que llegaban desde Haití en las madrugadas, con más de 100 niños cada vuelo”, señala.
Los oficios, agrega, buscaban precisar “quién costeaba estos charters, si el Ejecutivo o el Gobierno estaba al tanto de todas estas denuncias, y quién se hacía cargo de estos casos”. El resultado, según Oyarzo, fue el silencio: “Lamentablemente nunca recibimos respuesta formal”.
Los relatos coinciden con la cronología que ha ido reconstruyéndose en los últimos días.
En mayo de 2024, el entonces director del Sermig, Luis Thayer, firmó un memorándum que flexibilizó la exigencia de documentos a ciudadanos haitianos, y ese año las residencias temporales otorgadas a esa comunidad alcanzaron un máximo de 10.412 visas.
Durante el primer trimestre de 2025 aterrizaron múltiples vuelos chárter con menores, e incluso se aprobaron permisos para tres niños cuyo padre solicitante había muerto un mes antes del viaje. La Defensoría de la Niñez también advirtió, mediante oficios, sobre la falta de protocolos, sin obtener respuesta formal.
El caso derivó en una investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por trata de personas, tráfico de migrantes, soborno y cohecho, mientras que el presidente José Antonio Kast calificó la situación como “gravísima” y convocó a una reunión de emergencia en La Moneda.
En tanto, Migraciones, hoy a cargo de Frank Sauerbaum, presentó una denuncia penal y responsabilizó directamente a la administración anterior.
