Ministro Figueroa presentó su defensa para la acusación constitucional

El ministro de Educación refutó los argumentos del libelo elaborado por la oposición, asegurando que su cartera realizó diversas acciones para mantener la enseñanza en pandemia.

Por › Actualizado: 11:14 hrs
La acusación constitucional está siendo revisada por una comisión de la Cámara de Diputados. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La acusación constitucional está siendo revisada por una comisión de la Cámara de Diputados. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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El ministro de Educación, Raúl Figueroa, presentó su defensa a la acusación constitucional elaborada por diputados de la oposición, en donde se le apuntó de posibles vulneraciones a las leyes en materia de financiamiento del sistema y en su intento por asegurar el retorno a clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19.

El documento, que fue publicado por La Tercera, consta de 300 páginas y presenta diversos antecedentes para refutar los tres capítulos del libelo acusatorio liderado por la diputada Camila Rojas (Comunes).

Entre los argumentos de su defensa, Figueroa cuestionó los alcances de la acusación, señalando que la crisis sanitaria fue “el desafío global más importante en materia de salud pública y sanitaria del último siglo (sino de la historia de la humanidad) con las consecuentes repercusiones sociales y económicas, no sólo en nuestro país, sino también a nivel mundial”.

En ese sentido, el documento afirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldó las medidas tomadas por Mineduc en los primeros días de la pandemia. También citó reportes de Unesco y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde se destacaba las acciones del Gobierno en materia de uso de tecnologías para asegurar la continuidad de la enseñanza.

Además, la defensa de la autoridad reportó 62 iniciativas de apoyo implementadas por su cartera, las que incluyeron la entrega de 16.400 tablets a liceos de enseñanza técnico profesional, la distribución de 45.000 kits de apoyo pedagógico de Junji para familias; y la priorización de los trabajadores de la educación en el proceso de vacunación contra el COVID-19, entre otras.

La acusación constitucional está siendo analizada por una comisión revisora, que durante los últimos días recibió el testimonio de expertos y actores de la comunidad escolar. La instancia elaborará un informe que deberá ser votado por la sala. 

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