Expertos entregan informe para garantizar el derecho a la Educación en la Constitución
SUMMA elaboró un documento para abordar los aspectos que deben tenerse en cuenta en medio del debate constituyente.
Por Sebastián Dote
El reporte entregó ejes para la discusión constitucional en la materia educacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Expertos e investigadores de SUMMA, el primer Laboratorio de innovación e Investigación en educación para América Latina y el Caribe, y el Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional (CJE) elaboraron el documento para reflexionar sobre cómo se podría garantizar el derecho a la Educación en la Constitución en medio del proceso para la redacción de una nueva Carta Fundamental.
El reporte, denominado como “El Derecho Humano a la Educación en Chile: insumos para el debate constituyente”, fue elaborado por Denisse Gelber, directora de Estudios de SUMMA; Carolina Castillo, investigadora en la Línea de Inclusión Pedagógica de CJE; y Ernesto Treviño, investigador principal en la Línea de Inclusión Pedagógica de CJE.
“Chile es un país con altos niveles de desigualdad, y el sistema educativo es un reflejo de ello. Esta afirmación se respalda mediante una larga lista de evidencias concretas, asociadas a las interrupciones en las trayectorias educativas, la segregación escolar, las brechas de aprendizaje, las diferencias en los recursos humanos destinados a cada estudiante, la disparidad de los indicadores de desarrollo personal y social, entre otros aspectos”, señaló el texto.
El análisis agregó que “considerando que nuestro país se encuentra en un momento histórico que nos permite replantearnos la presencia del derecho a la educación en la Constitución de la República, donde se definen ‘los derechos fundamentales y garantías de las personas’, una pregunta clave es: ¿cómo debería garantizarse el derecho (humano) a la educación en la Constitución?”.
En el informe afirmó que la discusión sobre el derecho a la educación se puede enfocar en tres ejes: cómo se garantiza en Chile a través de diversos instrumentos jurídicos (la Constitución vigente, normativas nacionales e internacionales); qué brechas identificamos respecto a los estándares de las convenciones internacionales ratificadas por Chile; y qué aspectos debieran tenerse en cuenta en el debate constituyente.
