El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Hernán Burdiles, confirmó que “en las próximas semanas” se oficializarán los nuevos criterios y estándares de acreditación para la instituciones de educación superior.
El directivo participó de un webinar organizado por el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados, Vertebral, junto con el Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales, el que también contó con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
Burdiles analizó la demora en la oficialización del proceso, señalando que se realizaron algunos ajustes para que la normativa pueda cumplir con la misión de asegurar la calidad de las instituciones.
“Pudiera decirse que esto ha sido un proceso excesivamente largo, especialmente desde la mirada técnico-profesional. Había observaciones y miradas que hay que incorporar, se ha hecho por personas que merecen el mayor de los respetos (…) en síntesis, estamos claros que lo perfecto es enemigo de lo bueno y les prometo que estos documentos serán normas legales y vigentes en las próximas semanas”, agregó.
El subsecretario Vargas aseguró que en el último tiempo se han introducido modificaciones sustanciales a la normativa vigente, “cambios que han literalmente modificado por completo la fisonomía del sistema de educación superior”.
“Contamos con una sola agencia, pero la ley estipula una composición de la CNA distinta a la que existía. Hoy existen cuatro comisionados que provienen del mundo universitario y cuatro del subsistema TP. Eso sienta una diferencia”, completo.
El líder de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de Vertebral y rector del CFT San Agustín, Sergio Morales, indicó que, para la acreditación, las IES técnico-profesionales deben realizar otras acciones aparte de la docencia, como innovación y vinculación con el medio, pero con recursos limitados. También respondió
Sobre la opción de que la empleabilidad sea el único criterio para la acreditación técnico-profesional, el académico señaló que “no sólo recibimos alumnos que vienen privados culturalmente producto del capital económico de su familia, no sólo han recibido una educación limitada por las carencias que existen del sistema municipal y las debilidades del particular subvencionado”.
“Debemos entender que la sociedad civil responde a una democracia distinta y sólo si se nos pide medir la empleabilidad como único indicador de relevancia, vamos a caer en la misma falacia”, aseveró.
