La iniciativa aprobada en la Convención que inquieta a los colegios subvencionados
La comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general una norma que, según los sostenedores, podría impactar en la existencia de sus establecimientos.
Por Sebastián Dote
Los autores de la iniciativa negaron que su propuesta derive en el cierre de las escuelas. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Los sostenedores de los colegios particulares subvencionados mostraron su preocupación con una norma aprobada en general por la comisión de Derechos Fundamentales, la que según ellos podría impactar directamente en el desarrollo de su actividad.
Según lo consignado por El Mercurio, se trata de una propuesta que fue despachada durante el viernes por 16 votos a favor, 14 en contra y 3 que no votaron. En ella se señala que “los derechos fundamentales no serán nunca considerados como bienes económicos y tampoco sometidos a la lógica del mercado. Por el contrario, son bienes sociales y culturales indispensables para el pleno desenvolvimiento de la vida en sociedad”.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, señaló al matutino que “cuando se dice que los derechos sociales no pueden ser garantizados mediante ningún mecanismo de mercado, uno podría entender que lo opuesto a mercado es Estado (…). Entonces si eso es así, las figuras que tienen Chile y otros países, donde los privados concurren a apoyar un rol de provisión de derechos sociales con apoyo del Estado, (…) no podrían existir”.
“Si se quita la posibilidad al colegio subvencionado de asistir al Estado en la provisión de un derecho, la primera consecuencia inmediata es que los particulares subvencionados no pueden existir, porque sin financiamiento no pueden existir”, añadió.
Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares (Conacep), manifestó que “sorprende que sigan insistiendo en eliminar una educación que es mayoritaria en el país, que las familias la privilegian y que hoy alberga al 55% de la matrícula (casi 2 millones de escolares)”.
El dirigente afirmó que la norma “atenta directamente contra principios básicos, que son derechos y que están consagrados en la Constitución”, como lo son el derecho preferente de los padres a elegir el proyecto educativo de sus hijos, además del derecho a emprender que tienen los sostenedores.
“Si determinas que solo va a haber financiamiento para los colegios públicos, dejando afuera a los particulares subvencionados, el derecho de los padres lo dejas en nada, porque terminará yendo a la educación pública”, complementó.
La convencional Janis Meneses (MSC), una de las autoras de la iniciativa, aseguró que con esta norma “las escuelas no van a desaparecer. Por supuesto que no van a desaparecer. Esa es una especie de caricatura que algunos sectores han intentado instalar”.
“Lo que nosotros hemos estado hablando tiene que ver con la provisión, es decir, quiénes son los dueños de las escuelas. Esa es la figura que estamos poniendo en tensión y en debate”, agregó.
Meneses afirmó que el debate se centra en la figura del “sostenedor”, asegurando que “nuestra iniciativa apunta a que el Estado tome un rol garante en los derechos sociales, pero no hay ninguna iniciativa nuestra de la eliminación de particulares en otras áreas, sino más bien de dar este énfasis de cómo el Estado tiene que hacerse cargo como garante, con todo lo que eso significa, la provisión, por ejemplo, de la educación”.
