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Presión migratoria impacta en las matrículas escolares del norte

Municipios y parlamentarios pidieron a las autoridades tomar medidas para enfrentar la alta demanda, en un tema que es mirado con atención por los expertos.

La alta presión migratoria que afecta a comunas y ciudades del norte de Chile está impactando directamente a servicios del Estado como la educación, lo que se ha visto reflejado en el colapso de las matrículas para los establecimientos públicos.

De acuerdo a antecedentes entregados por el Ministerio de Educación (Mineduc), los que fueron publicados por El Mercurio, las regiones de Tarapacá y Antofagasta encabezan la lista de comunas y niveles más saturados en un sistema escolar que en los últimos cinco años vio triplicarse la proporción de alumnos extranjeros a nivel nacional. De hecho, si en 2017 eran 77.607 y un 2,2% del total, en 2022 llegaron a 240.514 (6,6%).

Desde el Gobierno, el subsecretario de Educación, Gabriel del Bosque, aseguró al matutino que en coordinación con los municipios están activando medidas para enfrentar el alza de demanda de matrícula en el norte y “poder aumentar los cupos disponibles en escuelas y liceos”.

Además, señaló que se trabajará en aumentará la inversión en infraestructura, detallando que se trabaja en habilitar nuevas aulas o instalar salas modulares en establecimientos existentes, arriendo de otros en desuso y reabrir escuelas que habían sido cerradas.

La situación inquieta a los municipios locales, que como sostenedores se han quedado con pocos cupos de matrícula para ofrecer a los niños y jóvenes de sus comunas.

Un documento de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi) planteó que “sin el ánimo de criminalizar la migración”, se requiere una política que contribuya a un control migratorio efectivo, considerando la capacidad de carga del país, en particular en áreas como la educación”, porque “no somos capaces de dar respuesta al total de las demandas ciudadanas en asuntos que nos competen directamente, como las prestaciones sociales, acceso a salud y educación, principalmente”.

A ello se sumó un proyecto de ley presentado por los senadores UDI Juan Antonio Coloma, José Durana, David Sandoval y Gustavo Sanhueza, que busca “clarificar el concepto de igualdad de condiciones, en cuanto a que no puede significar un mejor trato para extranjeros respecto a chilenos en la misma situación (…)“. 

“Si hay servicios (jardines infantiles, consultas médicas) que se encuentren colapsados por exceso de demanda, habiendo solicitantes chilenos, no podrá preferirse a los extranjeros”, señaló la propuesta de los gremialistas.

La alta demanda de matrícula

Las personas extranjeras tienen derecho a inscribir a sus hijos en la educación pública chilena a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Para aquello requieren tener un RUN chileno o, si no cuentan con ello, con un Identificador Provisorio Escolar (IPE) y/o el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA), el que se puede tramitar directamente ante Mineduc.

El SAE -que surgió a partir de la Ley de Inclusión Escolar- se ha visto presionado, especialmente en comunas como Antofagasta, Alto Hospicio y Calama, las que estuvieron cerca del colapso.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, analizó este problema y planteó que, posiblemente, durante este año la alta demanda provocada por el aumento de la población migrante afecte la capacidad del sistema de responder a sus necesidades. Por lo mismo abordó algunas posibles soluciones, más allá del plan de infraestructura que buscaría concretar el Gobierno.

Al pensar en posibles soluciones ante esta situación, lo más relevante parece ser impulsar la cooperación público-privada: por ejemplo, liberando las restricciones que impone la Ley de Inclusión de demanda insatisfecha, lo que permitiría que los colegios particulares subvencionados ampliaran sus cupos rápidamente para recibir a estos estudiantes“, señaló el experto a EL DÍNAMO.

Además, Rodríguez planteó que “se podría acelerar la reforma a la Ley SEP- sin avances en el Senado- así como flexibilizar transitoriamente los requisitos administrativos para acceder a beneficios como alimentación y útiles escolares”.

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