Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó 56 decretos que rebajaron condenas a personas sentenciadas por abusar o violar a niños, niñas y adolescentes. Ninguno respondía a una orden judicial. Cada gobierno ha tenido una mancha que marca un antes y un después en su administración, y que comentaristas y medios se encargan de recordar a la hora de los balances. Lagos tuvo el caso de los sobresueldos, Bachelet II el caso Caval, Piñera II el manejo del estallido y Boric los indultos a condenados por hechos del estallido. Esta será la mancha de José Antonio Kast.
En la mayoría de esos casos hubo verdaderos disparos a los pies, por miopía, falta de experiencia y poco tacto político y comunicacional. Este caso es distinto. El ministro Fernando Rabat explicó que su cartera decidió aplicar de manera general la doctrina de la Corte Suprema, que en algunos recursos de amparo descartó aplicar con efecto retroactivo la Ley 21.421. Esa ley, promulgada por Sebastián Piñera en 2022, excluyó de la rebaja a los condenados por delitos sexuales contra menores. La misma Corte Suprema, en febrero de este año, validó que el Ministerio negara el beneficio a un condenado por violar y abusar de dos menores. Hubo un criterio, y fue una elección.
Creo que no hay delito más deleznable que el abuso sexual a un niño, niña o adolescente. Con una decisión administrativa, sin pasar por un tribunal, el Ministerio puso en tela de juicio más de 35 años de trabajo arduo en protección de derechos de la infancia, desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. La decisión choca además con el espíritu de la Ley 21.430 sobre Garantías de la Niñez, que obliga al Estado a ser garante en la protección de los menores de edad. El contraste es difícil de explicar. El 31 de agosto, el propio presidente había presentado el Plan Chile Cuida a los Niños.
La reacción del Gobierno recibió críticas desde todos los sectores. Ningún dirigente de los partidos oficialistas salió a defender al ministro, y las pocas voces que lo hicieron se escudaron en sentencias de la Corte Suprema y obligaciones constitucionales que exministros, parlamentarios y juristas, incluso de derecha, cuestionaron. El Gobierno recordó que la administración de Boric otorgó 276 rebajas para estos delitos en cuatro años. El exministro Jaime Gajardo responde que su criterio era rechazar las solicitudes y dejar que resolviera la Corte, y nadie ha aclarado cuántas de esas rebajas se dictaron por orden judicial. La comparación no cambia lo esencial, porque el tema fue una decisión política. El presidente Kast finalmente zanjó el dilema, aunque dudo que el problema se haya resuelto. Ratificó a su ministro, suspendió nuevas rebajas, ordenó revisar los decretos ya emitidos y reconoció que el Estado les falló a las víctimas.
Quiero detenerme en esto último. El ministro de Justicia, en El Mercurio del domingo 25 de este mes, deslizó que en esta mala decisión no hubo una debida consideración hacia las víctimas y sus familias. El presidente, en un gesto que lo enaltece y a la vez lo expone peligrosamente, asumió la responsabilidad total y expresó su pesadumbre por no haberlas considerado en primera instancia. Hasta ese minuto, tras varios días de polémica, pocas éramos las que nos ocupábamos de ellos y ellas.
Lo dije en un par de entrevistas que di en esos días como exsubsecretaria de la Niñez. Se percibía en el Gobierno una falta de sensibilidad enorme. A la brutalidad de rebajar esas condenas, con víctimas que hoy temen volver a toparse con su agresor, se sumó que niños, niñas, adolescentes y sus familias casi se enteraron por la prensa de lo que estaba sucediendo. Eso es revictimización y profundiza el dolor causado.
Tengo que ser clara. Las secuelas de un abuso o una violación pueden acompañar a una persona toda la vida. Quien lo vivió aprende a manejar el dolor de los recuerdos, administra sus emociones y rehace su vida con el apoyo de especialistas y muchas veces de medicamentos. Y eso en el mejor de los casos. Perdonen la crudeza, pero la violencia sexual es transversal en los estratos sociales y el acceso a la salud mental no lo es. Quienes tienen más recursos pueden lograr una reparación más robusta que quienes habitan en la periferia. La reparación y el cierre del ciclo depende de dónde vives.
El perdón del presidente me parece sincero. El daño ya está hecho, y la revisión de los decretos no les devolverá a esas víctimas la tranquilidad. Gobernar exige gestionar bien los recursos, apegarse a la ley, ponerse en el lugar del otro antes de firmar un decreto, algo que ha faltado en estos casi ocho meses de Gobierno y que este caso dejó en evidencia. Ese ejercicio se vuelve urgente cuando el otro es un niño, una niña o un adolescente. La pregunta que me queda por hacer es ¿Quién les rebaja la pena vivida?
