El juez Baltasar Garzón afronta desde hoy su primer juicio en el Tribunal Supremo español por intervenir las comunicaciones entre los imputados de un caso de corrupción y sus abogados.
Garzón está acusado de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados varios imputados del conocido como “caso Gürtel”, que implica a altos cargos del gobernante Partido Popular (PP).
Será la primera vista oral a la que el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones en mayo de 2010, se enfrenta este mes, ya que a partir del día 24 será juzgado también por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
Este primer juicio al magistrado español con mayor proyección internacional ha despertado una gran expectación mediática con casi un centenar de medios de más de 15 países acreditados.
También se han movilizado los defensores del juez, entre ellos de la plataforma “Solidarios con Garzón”, que agrupa a organizaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, artistas e intelectuales y que ha convocado una concentración ante el Supremo para denunciar la “persecución política” al juez.
La causa por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el “caso Gürtel” -el empresario José Luis Ulibarri-, que solicita diez años de inhabilitación para el juez.
Mientras, la representación del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, pide una condena de diecisiete años de inhabilitación.
La Fiscalía no acusa y reclama la absolución de Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, al considerar que no cometió los delitos que se le imputan.
El “caso Gürtel” investiga una trama corrupta, liderada por Francisco Correa, quien supuestamente creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de las regiones de Madrid y Valencia (ambas gobernadas por el PP).
Garzón siempre ha mantenido que las escuchas eran la “única vía” para evitar que los cabecillas de la red “Gürtel” ocultaran las pruebas o los fondos que manejaban, aunque sus argumentos no consiguieron convencer al instructor, que además le denegó la mayoría de las pruebas que había solicitado.
El juez alcanzó notoriedad internacional en 1998 al dictar una orden de detención internacional contra el ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet.
