“El error de diseño más grande es no tener una coalición política formal”, plantea el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, quien sostiene que, sin ella, los partidos oficialistas, “en vez de buscar soluciones en conjunto”, suelen entrar en dinámicas de enfrentamiento como las que se han visto en torno a la crisis que rodea al ministro Fernando Rabat.
La crisis —la más importante desde que Kast asumió la presidencia— ha significado un alto costo para La Moneda y el oficialismo en general. El Presidente, no obstante, se ha negado a ceder en su postura. Mientras, la oposición prepara una acusación constitucional que divide aguas en la derecha.
En entrevista con EL DÍNAMO, Cretton aborda la postura de la UDI frente a esa acusación, la responsabilidad del Presidente y los partidos, y el desafío de evitar un desfonde del Gobierno en miras a 2030. Además, lanza una advertencia al Partido Republicano en medio de la tensión entre partidos oficialistas: “La UDI no se va a dejar humillar”.
—Han pasado casi tres semanas desde que estalló el caso de rebaja de penas a condenados por abuso a menores. ¿Qué balance se hace en el interior del oficialismo de esta crisis y de los costos políticos?
—Efectivamente han sido semanas difíciles. Hacer como que aquí no ha pasado nada sería un tremendo error. Es evidente que tenemos un problema, porque es difícil de explicar que el Gobierno que prometió mano dura contra la delincuencia terminó firmando estos decretos. Ahora, más allá del error político que esto significó, lo más duro de todo ha sido constatar que en Chile tenemos un sistema judicial profundamente garantista, en que están más preocupados los derechos del delincuente que los derechos de la víctima. Y eso genera una tremenda impotencia en la sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar de raíz.
—¿El Gobierno ha entendido el problema que menciona?
—Yo he visto al Gobierno comprometido en combatir el garantismo. Por ejemplo, subimos los requisitos para acceder a la libertad condicional. Estamos avanzando con el proyecto que permite el juicio oral en ausencia de imputados. Y el mismo Presidente de la República, que reconoció el error, le ha pedido al ministro Rabat que saque adelante el proyecto que nos garantice que nunca más abusadores y violadores de menores puedan acceder al beneficio de la rebaja de condena.
—¿Hay que ir más allá?
—Si usted me apura, yo creo que también hay que replantearnos seriamente la ley del 2003 que permite rebajar condenas, no solamente en casos tan graves como los de abusadores de menores, sino también, por ejemplo, en lo que hemos visto esta semana respecto al narcotráfico. Y nosotros, desde la UDI, vamos a presentar un proyecto de ley para derogar esa ley. Fue construida en 2003 y votada de manera unánime por el Congreso, pero en ese año nuestro país vivía otro contexto, en el que no había penetrado el crimen organizado y en el que probablemente se pensaba desde el punto de vista de la reinserción social.
—¿Cómo se sigue adelante con la agenda que usted menciona, si por otro lado se sigue conociendo información que complica al ministro?
—Es evidente que la información que se sigue conociendo pone al ministro en una situación compleja. Pero, como le digo, para mí el problema de fondo, de raíz, es el sistema judicial garantista que tenemos en Chile. Y lo que nos corresponde a nosotros y a un gobierno es combatir ese garantismo para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir.
—¿No sería más fácil avanzar en esa agenda con un nuevo ministro?
—Eso es una atribución exclusiva del Presidente de la República. Pero, más allá de la continuidad o no de un ministro, lo que yo esperaría es que el Presidente acusara recibo de que efectivamente tenemos un problema. Yo sé que al Presidente no le importan las encuestas. Pero si no somos capaces de dar vuelta esos números, si no somos capaces de formalizar una coalición política, vamos a tener escasas posibilidades de seguir adelante con nuestros proyectos políticos y de lograr continuidad en 2030, que es lo que nos hemos propuesto.
—El mismo Presidente definió como el éxito de su gobierno tener una continuidad del mismo sector…
—Y por lo mismo hay que darnos cuenta de que hay un error de diseño. Para mí, el error más grande es no tener una coalición política formal, porque eso hace que en momentos de crisis los partidos, en vez de buscar soluciones en conjunto, estén más preocupados de diferenciarse.
—¿Lo ha visto en estos días?
—Por supuesto. El Partido Republicano, por ejemplo, en los últimos días ha tenido una actitud que poco y nada contribuye a un buen ambiente dentro del oficialismo. Los dichos de Squella sobre Hernán Larraín son inaceptables. Los dichos de Romero sobre que estamos en el Gobierno por los cargos también lo son. Entonces, ellos tienen que asumir que ya no estamos en campaña y que tienen una gran responsabilidad en la conducción de esta coalición política. Tienen que saber, además, que la UDI no se va a dejar humillar y que nosotros no estamos en el Gobierno por los cargos, sino porque entendemos que si al Gobierno le va mal, vamos a terminar comprometiendo todas las opciones de que en 2030 logremos continuidad.
—Usted destacaba que el Presidente asumió el costo político. ¿Cree que el oficialismo —los parlamentarios, los alcaldes, los dirigentes de la derecha— está compartiendo los costos políticos de esta crisis?
—Sí, esta crisis nos ha pegado a todos. Pero, más allá de la acusación constitucional, es importante que entendamos que hoy el 93% de los chilenos cree que los políticos no entendemos el problema. Y es que lo que ellos están viendo de toda esta crisis es una pelea entre políticos. La izquierda, al anunciar esta acusación constitucional, no se está haciendo cargo de los problemas de fondo, que es el garantismo judicial que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, si ellos quieren presentar la acusación, están en todo su derecho. Pero el oficialismo ha entendido bien que una cosa es reconocer que acá hubo un tremendo error político y otra cosa muy distinta es que haya sustento jurídico para presentar la acusación constitucional.
—Lo que es difícil de entender es que se diga que hubo un tremendo error político y que ese error cometido por el ministro no tenga como consecuencia su salida del gabinete. ¿No es contradictorio?
—Es una atribución exclusiva del Presidente. Los partidos políticos no pueden decirle al Presidente de la República hasta cuándo sostiene o no a un ministro.
—Pero sí le pueden decir que se está equivocando, ¿no? Como colaboradores, deberían indicarle cuándo sus decisiones están afectando al sector.
—Por supuesto. Y la lealtad también tiene que ver con eso: con señalarle al Gobierno cuándo está cometiendo un error. Por eso creo que las instancias internas para llevar estos mensajes son tan importantes.
—¿Cree que ahora el Gobierno está incurriendo en un error?
—Creo que se incurrió en un error al firmar estos decretos porque, como le dije al principio, es muy difícil explicarle a la ciudadanía que un gobierno que prometió mano dura contra la delincuencia terminó firmando esos decretos.
—Yo me refiero a un error de mantener al ministro, que es lo que está generando que se extienda la crisis.
—Eso es una atribución exclusiva del Presidente. Los partidos no tenemos por qué estar pauteando al Presidente hasta cuándo tiene que sostener a un ministro. La Constitución es clara en señalar que los ministros son de exclusiva responsabilidad y exclusiva confianza del Presidente de la República. Y, por lo tanto, es él quien define hasta cuándo está o no un ministro.
—¿Cree que al alargarse esta crisis está estancando la agenda del Gobierno?
—Creo que la mayor lección que hay que sacar de esto es que, si no tenemos un oficialismo ordenado, siempre, va a ser difícil sacar adelante la agenda del Gobierno. Y cuando los niveles de apoyo caen tan rápido, también es evidente que se hace más difícil sacar la agenda adelante.
—¿Qué opinión tiene sobre aquellos parlamentarios del oficialismo que se han abierto a aprobar la acusación contra el ministro?
—Los parlamentarios, cuando asumimos, juramos defender la Constitución y las leyes. Y cuando uno mira lo que ha ocurrido acá, que es precisamente un ministro que trató de aplicar la Constitución y las leyes, más allá de que no nos guste cómo se han formulado esas leyes, me parece que hay poco sustento jurídico para sostener una acusación constitucional contra el ministro. Y en eso, la declaración de la Comisión Política de la UDI fue bastante enfática. Si hay parlamentarios que estén pensando en votar a favor de la acusación constitucional, tienen todo el derecho a hacerlo, pero tienen que saber que están votando en contra de la opinión de su partido.
—¿Sería una falta de lealtad de esos diputados con el Gobierno aprobar la acusación?
—Sería una falta de lealtad con la Constitución.
—¿Y a la inversa? ¿No es una falta de lealtad del Presidente con sus diputados someterlos a esta situación?
—Es evidente que el Gobierno, de cierto modo, traspasa el costo de sostener al ministro Rabat al Congreso. Y, por lo tanto, creo que el Gobierno también se tiene que hacer responsable de que los votos en contra de la acusación constitucional estén.
—¿Están asegurados los votos de la bancada UDI en contra de la acusación constitucional?
—Lo que ha dicho la UDI, a través de su Comisión Política, es que está en contra de esta acusación constitucional porque consideramos que es un tema político, que no va a solucionar el problema de fondo, que no va a devolver a estos abusadores y pederastas a la cárcel. Por lo tanto, si la izquierda quiere presentar la acusación constitucional, está en todo su derecho a hacerlo, pero desde nuestro punto de vista no hay sustento jurídico para sostener una acusación como la que se ha propuesto.
—¿Y qué ocurre con los independientes? Ellos no responden tanto a la estructura partidaria.
—Aquí el partido ha sido bastante claro en su posición. La inmensa mayoría de la bancada está por rechazar la acusación constitucional y, llegado el momento, la UDI debe actuar con unidad, como siempre lo ha hecho.
—Respecto de un posible cambio de gabinete, ¿cree que ayudaría a salir de esta situación y a reimpulsar al Gobierno, para entrar en una especie de segundo tiempo?
—Es necesario que busquemos un diseño que nos permita remontar la difícil situación que hemos vivido las últimas semanas. Pero el cambio de gabinete es una decisión exclusiva del Presidente de la República. Lo que sí, yo esperaría que, más allá de un cambio de gabinete o de poner o sacar a un ministro con más tonelaje político, lo que haga el Presidente sea efectivamente acusar recibo de que tiene un grave problema.
—¿Cuál sería ese grave problema?
—El grave problema sería que no tenemos hoy una coalición política formal, que lo que hemos visto son disputas internas entre los partidos del oficialismo y que el apoyo ciudadano al Gobierno se desplomó rápidamente. Y, por lo tanto, es evidente que hay un problema del cual el Presidente y los partidos nos tenemos que hacer cargo.
—La exministra Rubilar decía que al gabinete le falta política. ¿Le falta tonelaje a los ministros?
—Lo que hay que entender acá es que la política tiene que ir de la mano con lo técnico. Cuando uno es un gobierno solamente de política, probablemente, como lo fue el gobierno del presidente Boric, no logra hacerse cargo de los problemas de fondo. Y, por otra parte, cuando es solo técnica, tampoco logra conectar eso con un relato político que le haga sentido. Por lo tanto, la técnica y la política tienen que ir de la mano. Pero ¿quién va a definir eso? Obviamente, el Presidente, el que define los gabinetes.
—Más allá de los nombres, ¿existe una deficiencia a nivel estructural?
—Yo esperaría que el comité político tuviese un rol mucho más preponderante. Porque esta decisión de sostener al ministro Rabat, bueno, ¿se consultó o no se consultó con el comité político? ¿Qué rol han jugado los partidos dentro de esta crisis?
—¿Le ha faltado al Presidente más confianza con los partidos?
—Aquí ha faltado ánimo de trabajar con los partidos del oficialismo en el propio Partido Republicano, porque siguen pegados en lo que fue la campaña, con este relato de la derechita cobarde versus la derechita valiente. Y eso finalmente termina en que la única derecha que somos capaces de construir es la cavernícola, la que se destruye a sí misma. Si seguimos entrampados en el barro, en la pelea entre nosotros, vamos a terminar dinamitando las opciones de la derecha para el 2030.
—También se ha puesto en cuestión al Segundo Piso, que ha sido particularmente visible, parecido a lo que ocurrió con Miguel Crispi en el gobierno de Boric. ¿Hay que corregir?
—Hay que tomar nota de esto. Los segundos pisos no debiesen estar en el centro de la noticia. Y, lamentablemente, en los últimos dos gobiernos lo que hemos visto han sido segundos pisos que han sido focos de atención y de polémicas. El segundo piso tiene que hacer todo lo posible por estar lejos de las polémicas y por hacer efectivamente su trabajo, quizás el seguimiento de las políticas públicas y el resguardo del relato del Gobierno, y no tanto hacer noticia con los roces que han podido tener con algunos ministros.
—Bueno, y en la encuesta, como usted lo mencionaba, uno ve que el Presidente ha perdido apoyo semana a semana durante los últimos meses, llegando incluso bajo el 28% y algunos lo fijan en el 26%. ¿Cree que el desencanto de la ciudadanía con el Gobierno, que ha sido bastante rápido, se explica solo por esta crisis o hay algo más de fondo que lo está afectando?
—Es mucho más de fondo. Tiene que ver con una ciudadanía que cada vez es más impaciente. Todos los gobiernos en los últimos años han tenido un nivel de apoyo en torno al 30% promedio. Y rápidamente vemos que las lunas de miel ya no sé si alcanzan a hacer un ciclo completo de la luna; cada vez son más cortas.
Eso plantea enormes desafíos, porque es evidente que nosotros hemos logrado avanzar con la agenda de gobierno, pero entre la siembra y la cosecha pasa un tiempo. Esperamos que el próximo año empecemos a ver mejores números en materia de empleo y de crecimiento económico, porque de lo contrario ahí sí que se va a poner cuesta arriba el camino.
