El Gobierno de la República Checa permitirá, pese a las críticas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), la entrada en vigor de una ley de servicios sanitarios especiales, que contempla la castración para autores de delitos sexuales.
El Ejecutivo informó hoy de que acepta las explicaciones hechas en el Consejo de Ministros por el responsable de Salud, Leos Heger, sobre la necesidad de este tipo de operaciones quirúrgicas en casos extremos.
La nueva ley se prevé que entre en vigor el 1 de abril de este año, y establece que esta medida puede aplicarse a pacientes mayores de 25 años que hayan dado su consentimiento, y en el caso de que otras terapias no tuvieran éxito, según el Ministerio de Salud.
Se aplicaría a personas que han cometido delitos violentos motivados por el sexo, y cuando un análisis médico pruebe la existencia de una desviación sexual específica y de una alta probabilidad de reincidencia.
En la documentación aportada se apuntó que la castración es una de las opciones que el afectado puede elegir durante su proceso de recuperación y reinserción en la sociedad.
“La castración por sí sola no significa que, en el caso que el paciente se someta a ella, será automáticamente dado de alta del tratamiento”, se añade, además de recordar que esta medida se practica en siete países europeos, entre ellos Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania y Reino Unido.
El CTP ha criticado que la castración supone un trato denigrante y no es necesaria en el contexto de un tratamiento terapéutico, además de que resulta dudoso de que se practique con la venia de los afectados.
También criticó las garantías jurídicas contenidas en la ley, que considera insuficientes.
