El martes 3 de noviembre, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó por diez votos contra uno la idea de legislar una reforma que impide a los condenados por delitos sexuales contra menores obtener rebajas de pena al amparo de normas antiguas más benévolas. El voto solitario fue del diputado comunista Marcos Barraza.
Durante semanas, el Partido Comunista hizo de las 56 rebajas concedidas por el Ministerio de Justicia una causa. Anunció una interpelación al ministro Fernando Rabat, la cambió luego por una sesión especial, ofició a la Contraloría, empuja una acusación constitucional y pide a cada rato su renuncia. Barraza dijo que el gobierno había traspasado un límite inaceptable. Todo eso es legítimo, porque fiscalizar es el oficio de la oposición. Lo que no resulta coherente es que, llegada la hora de cerrar la puerta por la que salieron esos condenados, el mismo partido prefiera dejarla entreabierta.
Barraza explica que la reforma no usa la vía adecuada y que es una cortina de humo para proteger al ministro. Es su opinión, pero la idea de legislar es justamente solo eso, una idea. Sirve para decidir si un problema merece ley, no para aprobar cada coma. Las indicaciones existen para corregir la ruta. El rechazo existe para impedir la construcción de una eventual solución.
¿Qué gana un niño con que el ministro sea interpelado? ¿Qué pierde un abusador si la reforma se demora? ¿A quién beneficia, exactamente, ese voto?
Barraza no es un novato en política que se enreda con el reglamento. Fue subsecretario de Previsión Social y ministro de Desarrollo Social de Michelle Bachelet, el primer comunista en un ministerio de La Moneda desde 1990, y uno de los articuladores más influyentes de la Convención Constitucional de 2021-2022. Hace apenas cuatro años creía que la vía adecuada para resolver los problemas de Chile era refundar el país, reescribir la Constitución entera, de la primera a la última línea, palabra por palabra. Hoy descubre que modificar un artículo para proteger a los niños es un exceso de técnica legislativa. El refundador se volvió escrupuloso justo cuando la reforma la firmaba otro.
Barraza se sentaba en el gabinete de Bachelet cuando estalló la crisis del Sename y el país supo que niños bajo custodia del Estado habían muerto sin que nadie respondiera por ello. No se recuerda entonces al PC denunciando cortinas de humo ni pidiendo cabezas con el fervor de estos días. La indignación comunista tiene un interruptor, y lo maneja el calendario. Cuando gobiernan los suyos, los niños vulnerados son un problema estructural que exige paciencia en su solución. Cuando gobiernan otros, son una causa que exige renuncias inmediatas.
La Convención fracasó, entre otras razones, porque una mayoría convencida de su superioridad moral confundió la tribuna con el país y el gesto con la solución. El voto del martes tiene la misma marca de fábrica. Prefiere tener razón antes que tener resultados, la denuncia que rinde antes que la ley que corrige. Barraza dice que la reforma es una cortina de humo. Puede ser. Pero un partido que vota contra la solución para no perder el escándalo no denuncia el humo. Lo fabrica.
Por cierto, nada de esto absuelve al gobierno. Fue el Ministerio de Justicia el que firmó los 56 decretos, y fue el ministro Rabat quien primero los defendió como mero cumplimiento de la ley.
El gobierno debe hacerse cargo de eso, pero el PC, a través de uno de sus parlamentarios más influyentes, no puede declarar estupefacción frente al daño y revictimización de los niños y sus familias y al mismo tiempo bloquear una posible solución de fondo. Eso tiene un nombre, usted sabe cuál.
