El Congreso brasileño aprobó anoche una reforma de la ley forestal de 1965 que regula el uso de la tierra y enfrenta a los ecologistas con los grandes productores agrícolas. Estos últimos fueron finalmente los que salieron favorecidos tras una votación que eliminó la norma que exigía áreas de protección permanente de 30 a 500 metros en las orillas de ríos, considerada crucial para la preservación de las reservas fluviales del país. La nueva ley también suspende las multas y sanciones impuestas a los propietarios de tierras que talaron ilegalmente hasta 2008.
La votación se considera un revés para el Gobierno de Dilma Rousseff, que apoyaba el mantenimiento de esas áreas de protección mínimas de 30 metros. Ahora los ecologistas y muchos de los diputados de los partidos aliados del Ejecutivo que votaron en contra del texto esperan que la presidenta vete la ley.
“Se está dando una amnistía a la deforestación y se está contribuyendo a la posibilidad de que se produzcan desastres naturales en las grandes ciudades (…) Ahora es importante que la presidenta vete esta reforma”, dijo el diputado opositor socialdemócrata Ricardo Tripoli. “¡Veta, Dilma!”, exclamó el congresista del Partido Verde Alfredo Sirkis, y denunció que detrás de la reforma hubo “una ofensiva de los especuladores de tierra y de los grandes latifundistas”. “Si vamos a considerar la opinión del Gobierno en el proceso, esto se encamina al veto, pero la decisión es de la presidenta”, insistió el diputado Jilmar Tatto, líder del partido en el poder (Partido de los Trabajadores).
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