La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, le donará a una organización no gubernamental de derechos humanos una indemnización por 20.000 reales (10.000 dólares) que le fue concedida por haber sido torturada durante la dictadura que gobernó Brasil de 1964 a 1985, informó hoy la Presidencia.
La mandataria le entregará al grupo “Tortura nunca más” la indemnización que recibirá en junio del gobierno regional de Río de Janeiro por haber estado detenida en ese estado durante la dictadura militar, según una nota divulgada hoy en el blog de la Presidencia.
Rousseff forma parte de un grupo de 316 expresos políticos y familiares de muertos o desaparecidos durante la dictadura a los que la gobernación de Río de Janeiro indemnizará por haber estado recluidos en prisiones de este estado por su militancia política.
La organización no gubernamental Tortura Nunca Más fue creada en 1985 por experseguidos políticos y familiares de víctimas de la dictadura para denunciar los crímenes perpetrados por el Estado durante los 21 años de gobiernos militares.
El grupo, autor del primer informe publicado en Brasil sobre los muertos y desaparecidos durante la dictadura, se dedica actualmente a la promoción de los derechos humanos y a presionar para que sean aclarados los crímenes cometidos por los militares.
Rousseff, militante de una organización de izquierda que combatió la dictadura, fue detenida y torturada en 1970, y estuvo dos años y medio encarcelada en diferentes estados del país.
La gobernación de Río de Janeiro pretende anunciar las indemnizaciones en una ceremonia prevista para el 4 de junio próximo en la que también presentará un pedido oficial de disculpas.
El pago de las indemnizaciones fue ordenado por una comisión creada por el gobierno regional para analizar los casos de 895 personas que dijeron haber sido detenidas, torturadas o encarceladas en municipios del estado de Río de Janeiro durante la dictadura.
El anuncio de la indemnización y de la donación se produce dos días después de que Rousseff instalara una comisión que investigará las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pero que no podrá llevar a los responsables a la justicia.
La mandataria, que lloró al recordar el sufrimiento de los familiares de los muertos y desaparecidos durante la dictadura, le dio posesión a los siete integrantes de la Comisión de la Verdad en un acto al que asistieron expresidentes y los comandantes de las Fuerzas Armadas.
La comisión tendrá un plazo de dos años para investigar crímenes contra los derechos humanos ocurridos de 1946 a 1988, aunque se centrará sobre todo en el último régimen militar (1964-1985).
