Nicaragua responde: La decisión de Colombia no afecta el fallo limítrofe

El abogado Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, le bajó el perfil a la decisión del Presidente cafetero Juan Manuel Santos de desconocer al tribunal de La Haya.

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Nicaragua responde: La decisión de Colombia no afecta el fallo limítrofe
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El abogado Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, cuestionó la decisión de Juan Manuel Santos de desconocer al tribunal de La Haya.

“Es una medida precipitada. El Pacto de Bogotá y soluciones pacífica de controversias es para resolver diferencias (de forma dialogada)”, indicó el representante.

Sin embargo, agregó que esto no modifica en nada el fallo de la CIJ, que le otorgó una amplia franja a Nicaragua en el mar Caribe que antes estaba bajo administración colombiana.

“Retirarse del pacto no influye en la sentencia, la sentencia es cosa juzgada, eso se acabó. (…) Colombia no tiene nada que ver con las 200 millas (de mar territorial de Nicaragua), son simplemente cuestiones de hecho y de derecho, no tenemos que ir a ningún (otro) tribunal“, señaló Argüello.

Sobre la sentencia, el representante legal de Nicaragua aseguró que “era imposible que Colombia hubiera seriamente pensado que le iban a dar más agua a sus islas que a Nicaragua”.

Argüello insistió en que el fallo de la CIJ fue unánime, pues hasta el juez propuesto por Colombia en el caso, el canadiense Yves Fortier, votó a favor de la sentencia.

Por otro lado, fuentes de la CIJ rechazaron pronunciarse sobre la decisión de Colombia por considerar que “ésta es una cuestión política” y dijeron que los estatutos establecen que “una vez firmada la jurisdicción, los Estados miembros de Naciones Unidas se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte“.

Cabe recordar que el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá porque fue suscrito el 30 de abril de 1948 en la conferencia panamericana que se celebró en la capital colombiana, impone a los signatarios la obligación general de resolver sus conflictos de forma pacífica y la confiere a la CIJ la jurisdicción para dirimir los litigios. 

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