El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por presunto cohecho contra dos funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones, en una investigación que apunta a pagos irregulares para acelerar solicitudes de residencia definitiva. Los antecedentes surgen en medio de otras indagaciones relacionadas con el funcionamiento de la institución.
Según los antecedentes recopilados, durante 2022 existía un importante número de solicitudes pendientes, algunas con tiempos de espera superiores a un año. Para organizar estos requerimientos, el Departamento de Residencias Definitivas trabajaba con un sistema de asignación mediante planillas, donde cada analista debía encargarse de los casos que le correspondían.
La investigación apunta a Marcela Paredes Jara y Javier Navarro Martínez, quienes habrían utilizado sus funciones para intervenir expedientes que no estaban dentro de sus asignaciones habituales. De acuerdo con la querella, Navarro habría acelerado trámites a cambio de dinero. “Este mecanismo fue ejecutado, al menos, entre los meses de octubre de 2022 y marzo de 2023, periodo durante el cual Navarro intervino y aceleró, infringiendo los deberes de su cargo, la tramitación de 250 solicitudes de residencia, recibiendo un beneficio económico total estimado en $17.500.000”, señala el escrito del CDE.
CDE se querella contra exfuncionarios del Servicio de Migraciones por cobro de coimas
Por cada gestión, los solicitantes habrían entregado $140 mil mediante un intermediario, quien presuntamente se quedaba con la mitad del monto. La querella sostiene que el funcionario comenzó a intervenir solicitudes que “no formaban parte de su carga de trabajo”, acelerando su resolución a “cambio del pago de sumas de dinero”.
En el caso de Paredes, los antecedentes apuntan a que habría ofrecido a una compañera de trabajo, Andrea Olave Hermosilla, recibir entre $100 mil y $200 mil por cada trámite que fuera agilizado. “La querellada propuso que ambas se repartieran por mitades el dinero pagado por los interesados, con el objeto de obtener un beneficio económico a cambio de alterar la tramitación regular de solicitudes correspondientes a ciudadanos extranjeros”, detalla la acción judicial.
El CDE sostiene que estas actuaciones habrían afectado directamente el funcionamiento del organismo, “pues sustituyeron los criterios institucionales de asignación, prioridad y orden de tramitación por un mecanismo basado en el pago de dinero”. Los primeros antecedentes de una eventual red de este tipo habían llegado a la Contraloría, luego de una denuncia sobre una funcionaria que presuntamente agilizaría documentos migratorios “a cambio de pagos”, información que posteriormente fue remitida al Ministerio Público.
La investigación se desarrolla mientras continúan las revisiones sobre eventuales irregularidades en el Servicio de Migraciones. La querella presentada por el CDE busca determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el alcance que habría tenido este mecanismo de pagos para acelerar solicitudes de residencia definitiva.
