El Gobierno del Presidente José Antonio Kast concentra desde agosto sus prioridades legislativas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de treinta iniciativas —entre proyectos ya en trámite, nuevos proyectos y una reforma constitucional— que ingresó al Senado con suma urgencia.
En ese escenario, el senador de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton —integrante de las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución— conversó con EL DÍNAMO sobre las diferencias con el enfoque del gobierno de Gabriel Boric, los proyectos que a su juicio deben priorizarse antes de fin de año, y los límites que pondría a una reforma constitucional que, advierte, debe ser “estricta” y “minimalista”.
El senador también se refiere a la posibilidad de restringir beneficios sociales a condenados por delitos graves, a sus reparos con el discurso del Frente Amplio en seguridad, y pide al presidente Kast no apresurar una decisión sobre indultos.
—Con la agenda que presentó el presidente Kast a la vista, ¿dónde está el principal cambio de enfoque respecto a lo que se tramitó en el gobierno del expresidente Boric?
—Primero, tomarse en serio el tema de seguridad desde el primer minuto. El presidente Boric esperó los resultados: no llegó con un programa de seguridad, sino con normas que rompían con la institucionalidad que veníamos construyendo. Hablaba de refundar Carabineros, de eliminar el control preventivo de identidad y la ley de seguridad del Estado, y de regularizar a los migrantes.
Por eso hay una gran diferencia. El presidente Kast, en su discurso de los últimos años y en su programa de gobierno, le da el énfasis principal al tema de seguridad, y eso se refleja en la agenda robusta que presentó hace algunos días. El eje del gobierno del presidente Boric giró en torno al proceso constitucional, a la Convención. El eje del presidente Kast gira en torno a la seguridad.
—Tomando en consideración que hubo consenso en que el gobierno anterior debió virar en seguridad, y conociendo los proyectos que se aprobaron en ese periodo, ¿qué tan distinta es la agenda legislativa actual de la que se venía tramitando?
—Hay un enfoque más claro para la protección de nuestras policías. El foco carcelario, si bien tiene continuidad, viene con regímenes más estrictos, particularmente para el crimen organizado. Trata de manera distinta la migración, poniendo el foco en que por la frontera ingresa el crimen organizado, y eso se aborda con mayor intensidad. También hay un enfoque distinto para la delincuencia adolescente: esos proyectos fueron ampliamente frenados durante el gobierno del presidente Boric y no lograron avanzar en el Congreso.
—¿Descarta una continuidad?
—Hay miradas coincidentes, sin duda, pero respecto al rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric siempre fue más reticente. Aquí las Fuerzas Armadas tienen un rol más activo, aunque el proyecto de infraestructura crítica tuvo poco avance.
—Entrando en lo que ya está sobre la mesa, ¿cuáles son los puntos críticos que el Congreso está llamado a aprobar con urgencia?
—Creo que las reglas de uso de la fuerza pueden ser determinantes porque van a dar un marco más robusto del que tenemos hoy. El proyecto de infraestructura crítica también me parece importante: va a permitir que las Fuerzas Armadas resguarden lugares estratégicos, y eso va a generar un efecto disuasivo.
Está también la responsabilidad penal adolescente, todo lo que tiene que ver con mejora remuneracional a policías y el proyecto que presentó el Gobierno para Carabineros que va a permitir liberar a más de 1.500 carabineros para trabajo en la calle. Y también es muy importante tipificar la migración ilegal como delito.
—Considerando que estos proyectos son demandantes técnicamente, pero también llevamos varios años con indicadores negativos en seguridad, ¿es un plazo prudente el de cinco meses para sacar toda la agenda?
—Hay que mirar la experiencia pasada. Con el primer fast-track todavía tenemos proyectos en trámite, como las reglas de uso de la fuerza y el de infraestructura crítica. Por eso, las expectativas tienen que ser realistas.
Yo partiría por los proyectos que están en comisión mixta, que son de más fácil despacho: la ampliación del plazo de flagrancia a 24 horas para que las policías realicen las primeras diligencias, la expulsión administrativa y las reglas de uso de la fuerza. Después hay que avanzar en lo que está en segundo trámite: responsabilidad penal adolescente, tipificación de la migración ilegal como delito, y el fin de las notificaciones judiciales a Carabineros.
Yo haría una distinción entre lo que está en segundo trámite y en primer trámite. Ojalá sea en diciembre, pero hay que ir por etapas, privilegiando los proyectos más avanzados en ambas cámaras.
El diseño de la reforma constitucional
—En esa lista de urgencias, ¿qué prioridad le pondría a la reforma constitucional que el Gobierno ya anunció que ingresará por el Senado?
—Lo primero es el diseño: que sea estricto, ojalá minimalista, que repercuta en una diferencia real para la ciudadanía y el Congreso, y que tenga una bajada legal coherente con eso. Antes de eso, tenemos que conocer el contenido completo de la reforma. Algo se ha esbozado, pero me parece relevante lo de los regímenes penitenciarios: ahí puede haber un problema constitucional si no se establecen bien en la Constitución, sobre todo considerando la intensidad de los regímenes tipo italiano que se pretende replicar para las bandas del crimen organizado. Todo lo carcelario me parece determinante, y si para eso es necesario reformar la Constitución, me parece que hay que hacerlo.
—¿Y sobre el estado de excepción que se propone? Usted había expresado dudas.
—Respecto a los estados de excepción, hay que evaluar si realmente es necesario crear uno nuevo, o si basta con reforzar o usar de mejor manera lo que ya tenemos, para poder ingresar a barrios o zonas críticas con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para el orden público, pero sí pueden dar apoyo estratégico, de inteligencia y de seguridad para operar junto a las policías.
—También ha trascendido, y el presidente lo llegó a confirmar, que la reforma podría incluir un apartado para quitar beneficios sociales a personas condenadas por crímenes violentos o vinculados al crimen organizado. ¿Le parece correcto incluir esa innovación en la reforma constitucional?
—Me parece coherente ir en esa línea. Hoy la Constitución prohíbe eliminar o restringir ciertos derechos, como los previsionales, y eso termina siendo una cortapisa para castigar o quitárselos a personas condenadas por delitos graves. Quien cometió un delito está cumpliendo un castigo, y ese castigo no puede ir acompañado de recursos públicos, esté la persona en libertad o privada de ella. La condena tiene que ser como corresponde. Que el Estado esté subsidiando con beneficios a una persona condenada por este tipo de delitos me parece un exceso, y si es necesario regularlo, vamos a estar disponibles para hacerlo.
—Parece algo similar a lo que se planteaba en el registro de vándalos e incivilidades y que se frenó por el fallo del Tribunal Constitucional sobre Escuelas Protegidas.
—Puede tener una vinculación indirecta. Tengo entendido que apunta a otro tipo de delitos, pero podría abrir la puerta para regular ese tipo de situaciones, considerando lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional.
Creo que la Constitución no hay que cambiarla cada cuatro años, pero sí hay que tener especial interés en que las mayorías de hoy no puedan ser revertidas fácilmente mañana. Por eso hay que trabajar por una Constitución que nos acompañe en el tiempo y no esté sujeta a los vaivenes políticos: eso le da estabilidad y certeza a la democracia. Sin perjuicio de eso, vamos a estar abiertos a esa discusión, porque nos parece que también corresponde.
Consenso con la oposición
—Dada la importancia de los cambios constitucionales, ¿apelaría a construir un consenso más amplio que el que se logró, por ejemplo, en la megarreforma tributaria?
—Desde el momento en que la presidenta del Frente Amplio dice que la agenda de seguridad va en retroceso y habla de ultraderecha… bueno, ultraderecha es la misma cantinela que teníamos con Piñera II. Es decir, ellos son de una forma cuando son gobierno y de otra cuando son oposición. En seguridad, siempre terminan siendo los mismos.
—¿Pero en el Socialismo Democrático no ve mayor apertura?
—Yo apelaría a la capacidad que tuvo el Socialismo Democrático, al menos en seguridad, de sumarse a algunas iniciativas durante el gobierno del presidente Boric, y a que eso no responda a una conveniencia política, sino a una convicción que se mantenga en el tiempo.
—De todas formas, desde la oposición se cuestiona el poco diálogo y apertura a sus propuestas
—Hay un sector de la izquierda que pretende diseñar los proyectos a su imagen y semejanza, sin comprender que hoy están en la oposición, no gobernando, y que por eso tienen que abrirse a espacios de mejora, sin pretender cambiarlo todo. Si no, quedan fuera y terminan gobernando cuatro años más quienes sí lograron la mayoría contundente del país, que fue justamente el camino contrario al que ellos plantean.
—En cuanto a la relación entre el oficialismo, ¿cree que ha faltado trabajo prelegislativo para alinear a todas las fuerzas detrás de la agenda de seguridad?
—Ahí hay espacios de mejora, sin duda. Se valora mucho que la presentación de proyectos venga con tiempo para que los distintos partidos del oficialismo puedan contribuir a mejorarlos, y así lograr un apoyo cerrado y sin matices. Eso no quita que uno pueda tener apreciaciones legítimas sobre los proyectos que presenta el Gobierno. Lo importante es no enterarnos del contenido por la prensa ni por una minuta, sino saber a qué nos enfrentamos, para poder persuadir a quienes piensan distinto y también buscar apoyo en la oposición.
—¿Le parece positivo que se haya retrasado la presentación de la reforma constitucional, precisamente para permitir un trabajo más robusto entre el oficialismo y el Ejecutivo?
—Más que postergarla, se hizo un anuncio, y el anuncio después tiene que venir con la presentación formal. En este caso, me parece que pueden darse conversaciones para afinar de mejor manera un proyecto que requiere un apoyo contundente, considerando que además hay que ir a buscar votos al frente. Sin tener el contenido a la vista, pero en atención a lo que hemos conocido públicamente, creo que podría pulirse de mejor manera para no darle motivos a la oposición para votarlo en contra.
—Ha surgido una agenda paralela en seguridad, en torno a los indultos, que republicanos y libertarios han querido instalar. ¿Cómo cree que puede repercutir en el Gobierno, considerando que el Presidente ya dijo que, si ejerce esa facultad, lo hará caso a caso?
—Sobre los indultos, creo que al presidente no hay que presionarlo. Tiene que tomarse el tiempo necesario y reflexionar con profundidad, para no cometer los errores que cometió el presidente Boric respecto al momento en que se otorga un indulto o se evalúa otorgarlo. En ese sentido, siento que es una atribución exclusiva del presidente Kast, y su sector tiene que respaldarlo para que tome la decisión correcta, entendiendo que los antecedentes de cada caso son distintos, hasta llegar a una acción humanitaria que lo lleve a agregar indultos.
Creo que es mejor seguir avanzando en esa línea, como una facultad exclusiva del presidente, antes que entregarle esa decisión al Congreso. Me parece que eso es lo más prudente.
