El Gobierno de EE.UU. gastó en 2012 cerca de un 24 % más en las agencias que velan por el cumplimiento de las leyes migratorias y la vigilancia fronteriza que en el resto de organismos federales encargados de combatir el crimen, según un informe divulgado hoy por el Instituto de Política Migratoria (MIP).
El informe indica que en el año fiscal 2012, EE.UU. gastó cerca de 18.000 millones de dólares en medidas policiales contra la inmigración ilegal, aproximadamente un 24 % más de lo que gastó en el resto de las demás agencias policiales federales, incluidas la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) y el Servicio Secreto.
En concreto, esos fondos estuvieron destinados a las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), de Inmigración y Aduanas (ICE) y el programa “US VISIT” del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de fichar las huellas digitales y demás datos de los extranjeros que visitan el país.
En cambio, el Gobierno gastó alrededor de 14.400 millones de dólares para las demás agencias federales encargadas de combatir la actividad criminal, como el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), indica el informe.
Desde 1986, cuando el Gobierno puso en marcha una “amnistía” para los indocumentados, este país ha gastado unos 186.800 millones de dólares en medidas policiales contra la inmigración ilegal, según el documento titulado “Aplicación de la ley en Estados Unidos: el surgimiento de una maquinaria formidable”.
La vigilancia de las fronteras, especialmente en la frontera del suroeste, representa “el elemento para el control fronterizo más financiado y publicitado” del Gobierno, para el que ha asignado “históricos incrementos de recursos”.
El aumento de recursos ha incluido “incrementos drásticos” para la Patrulla Fronteriza, que ha duplicado su número de agentes en los últimos siete años, hasta alcanzar los 21.370 oficiales.
Más de cuatro millones de extranjeros, buena parte de ellos indocumentados, han sido deportados desde 1990, con un incremento desde los poco más de 30.000 aquel año, hasta casi 400.000 en 2011, agrega el informe.
El informe destacó una disminución en los arrestos en la zona fronteriza desde 2000, que reflejan el debilitamiento de la economía estadounidense, el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y cambios en los factores que incentivan la emigración ilegal desde México.
Así, en el año fiscal 2011 se arrestó a 340.252 personas, una quinta parte que en el año 2000 y la cifra más baja desde 1970, señala el análisis.
El informe del MPI, de 182 páginas, fue divulgado en unos momentos en que la Administración de Barack Obama y el Congreso se preparan para reactivar el debate sobre una posible reforma migratoria que ayude a regularizar a los once millones de indocumentados que viven en este país.
La mayoría de los republicanos, sin embargo, sigue oponiéndose a medidas que, a su juicio, “premian” a quienes violan las leyes al entrar ilegalmente al país.
La Administración Obama ha sido objeto de fuertes críticas sobre las medidas policiales contra la inmigración ilegal. En el año fiscal 2012, el Gobierno deportó a 409.849 personas, según el ICE.
El presidente ha prometido que impulsará la reforma migratoria poco después de su investidura para su segundo y último mandato el próximo 21 de enero.
