La Ley de Presupuestos 2027 entra esta semana en una de sus fases decisivas. La Comisión Especial Mixta comenzará a ver las más de 3.800 indicaciones ingresadas por la oposición y las enmiendas del Ministerio de Hacienda, en lo que es el preámbulo a la discusión final en las salas de ambas cámaras.
La comisión, integrada por 13 senadores y 13 diputados y presidida por el senador UDI Javier Macaya, inició este lunes la revisión de las 33 partidas del proyecto. Llegan a esta etapa 13 aprobadas sin reparos, 14 con compromisos del Ejecutivo y dos rechazadas por completo en las subcomisiones: Servicio Electoral (Servel) y Ministerio de Ciencia.
El cronograma fijado por Macaya es maratónico: la instancia sesionará martes y miércoles, y posiblemente jueves y viernes, todo para llegar con tiempo a la discusión general que tiene como deadline el 30 de noviembre.
En ese contexto, el Gobierno, y en particular el ministro Jorge Quiroz, tiene la obligación de solventar tres frentes que amenazan con dificultar el trámite del proyecto.
El primer frente es de procedimiento y tiene que ver con las indicaciones. Ante el ministro, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, Macaya reprochó: “Ese plazo, el Ejecutivo, como en otras ocasiones, no lo cumplió”.
En todo caso, lo que realmente ha tensionado la discusión no son los plazos, sino que la estrategia fijada por Quiroz de aguantar la negociación dura hasta la Cámara de Diputados.
La senadora Yasna Provoste (DC), quien presidió la Cuarta Subcomisión, afirmó que el plazo venció el 28 de octubre y que el Ejecutivo presentó 66 indicaciones a 16 partidas, pero “ninguna para reponer lo que rechazamos”. Su par de sector, Daniella Cicardini (PS) habló de “una prepotencia sin límites” y acusó que el Gobierno busca que la mixta sea “un mero trámite” antes de llegar a la Cámara.
Quiroz, sin embargo, negó que esa sea la estrategia y recordó que el oficialismo tiene mayoría en la comisión: “¿Por qué esperar a llevar este debate a la sala cuando es esta comisión especial la que tiene que llegar a esos grandes acuerdos?”.
La Dirección de Presupuestos, en tanto, confirmó que insistirá en los montos originales. El resultado: la oposición se negó a la unanimidad y el Gobierno no pudo reponer las partidas rechazadas.
A ello se suma el volumen de indicaciones parlamentarias: poco más de 3.800, muchas declaradas inadmisibles por estar fuera de la idea matriz.
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas dijo que “sorprende el número de indicaciones, tengo entendido que nunca antes se habían presentado tantas”, aunque aseguró que “nosotros no le tenemos miedo al diálogo en la Ley de Presupuesto”. En el oficialismo, sin embargo, ven en la acción una forma de dilatar la tramitación.
Las otras complicaciones del Presupuesto
El segundo frente del Presupuesto está dentro del oficialismo y se concentra en Educación. El jefe de la bancada de senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, defendió ordenar las cuentas fiscales: “Ordenar las cuentas no es ideología, es la condición para que el Estado cumpla”, dijo, pero advirtió que “la educación no es un gasto que se posterga, es la inversión que define nuestro futuro”.
En esa línea, el senador gremialista cuestionó que los Liceos Bicentenario bajen de $6.500 a $3.574 millones, una caída real cercana al 47% y sin nuevas convocatorias y apuntó al recorte de “Yo elijo mi PC”, programa de 17 años que este año alcanzó a más de 96 mil escolares: “Si el programa tiene problemas de diseño, como plantea la Dipres, corrijamos; eliminarlo solo profundiza la brecha digital”, señaló Sanhueza.
El tercer frente es ajeno a las cifras, pero las condiciona. Los partidos de oposición entregaron este lunes una carta a Kast para exigir la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores: “el ministro ya no es interlocutor válido para el país y por lo mismo tampoco para nosotros como autoridades”.
En ese marco, el diputado Jorge Brito (FA) anunció que pedirá votaciones separadas para rechazar íntegramente el presupuesto del gabinete del Ministerio de Justicia.
La medida busca dejar sin recursos operativos al Ministerio de Justicia mientras Rabat permanezca en el cargo. La partida de la cartera recibió además 74 indicaciones, algunas de ellas, sin alterar el gasto, pero agregando la obligación de que el ministro transparente decisiones sobre rebajas de condenas.
