La segunda hija del Rey de España, la infanta Cristina, no tendrá que acudir a declarar como imputada en la causa que también se sigue contra su esposo, Iñaki Urdangarin, por un supuesto caso de corrupción.
Se trata del “caso Nóos”, que alude a la investigación sobre el presunto desvío de seis millones de euros de fondos públicos al instituto que lleva ese nombre, que Urdangarin presidió entre 2003 y 2006.
La Audiencia de Palma (islas Baleares, Mediterráneo) dejó este martes sin efecto la citación como imputada de Cristina y suspendió su imputación respecto del “posible delito contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales” a la espera de que se aporte más información a la causa.
El tribunal estimó así parcialmente un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez que instruye el caso, José Castro.
La Sala pidió al juez Castro que solicite a la Agencia Tributaria que aclare “las incertidumbres y dudas” que suscita, que dé audiencia a las partes y que decida si mantiene o no las imputaciones por delitos fiscal y “si por ello procede citar en calidad de imputada a la infanta”.
Instó además al instructor a que requiera a la defensa de Diego Torres – el otro imputado por el caso junto a Urdangarin – que aporte aquellos correos electrónicos que pretenda utilizar “en su defensa y en perjuicio de otros imputados”, en un plazo determinado e improrrogable.
Una vez examinados, el juez Castro “deberá pronunciarse definitivamente sobre el archivo parcial de la investigación respecto de la infanta”, en cuanto a su participación en las actividades relacionadas con el Instituto Nóos.
Aparte, el tribunal reiteró que las indagaciones sobre un eventual delito fiscal “no están conclusas y se hallan todavía sometidas a investigación y de las mismas podrían derivarse indicios de delito respecto de la infanta”.
El auto incluyó un voto particular de uno de los magistrados, que disiente “respetuosamente” de sus compañeros del tribunal y se pronunció a favor de la declaración como imputada de la infanta.
Lo justificó en que los indicios resultantes de la investigación pudieran constituir un supuesto de cooperación necesaria o complicidad en relación con los delitos supuestamente cometidos por Urdangarin y Torres.
