El subsecretario de Justicia, Luis Silva, respaldó la solicitud de reducción de condena de Patricio González Cortez, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenado a 10 años de cárcel por la desaparición de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
A través de un oficio enviado el 2 de octubre a la Corte de Apelaciones de Santiago, y dado a conocer por T13, la autoridad sostuvo que el exagente cumplía las condiciones para acceder al beneficio, pese a que la Corte Suprema ya había rechazado su petición por tratarse de un condenado por delitos de lesa humanidad.
Luis Silva insistió en rebaja de condena para exagente de la CNI
El documento fue remitido mientras se encontraba en tramitación un recurso de amparo presentado por la defensa de González Cortez, quien buscaba reducir su permanencia en prisión.
En su respuesta al tribunal, Silva planteó que “el Sr. González Cortez cumple con los requisitos establecidos para acceder al beneficio y no concurre ninguna de las causales de exclusión”.
Además, argumentó que “la gravedad del delito, la naturaleza del bien jurídico afectado o la consideración de la entidad de la pena impuesta no constituyen causales autónomas de exclusión del beneficio contempladas en el artículo 17”.
La postura del subsecretario contrastó con los fallos emitidos anteriormente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En diciembre de 2025, ambas instancias confirmaron la decisión del entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, de rechazar la rebaja de condena, debido a que el exagente no había cumplido con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma. La Suprema ratificó que esa resolución no era ilegal y, en mayo de 2026, volvió a desestimar un nuevo intento de la defensa, al considerar que el asunto ya había sido resuelto.
En el oficio, Silva cuestionó los fundamentos utilizados por su antecesor y concluyó que, a su juicio, el beneficio correspondía. “En consecuencia, atendido el carácter reglado de la facultad administrativa en esta materia, y considerando que la gravedad o naturaleza del delito no constituye, por sí sola, una causal legal de exclusión, esta Subsecretaría estima que el beneficio de reducción de condena solicitado debió haberse otorgado”, señaló. Sin embargo, el 22 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema volvieron a rechazar el recurso de amparo de González Cortez, quien permanece recluido en Colina 1.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento los criterios aplicados por las actuales autoridades de Justicia en materia de rebajas de condena, en medio de la controversia que enfrenta el ministro Fernando Rabat por beneficios otorgados a personas condenadas por delitos graves.
La posición expresada por Silva también tensiona los argumentos entregados por Rabat ante el Congreso, donde sostuvo que “no es posible olvidar y dejar de cumplir una sentencia de la Corte Suprema, que me obliga a otorgar el beneficio de rebaja de condenas”.
