Un juez español ordenó hoy prisión incondicional y sin fianza para el extesorero del gubernamental Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, acusado de corrupción, por considerar que existe el riesgo de fuga tras recibir una alerta de que envió fondos de Suiza a EEUU y Uruguay.
Fuentes judiciales informaron que el juez Pablo Ruz tomó esa decisión después de que Suiza alertara de que Bárcenas había trasladado fondos a EEUU y Uruguay desde sus cuentas bancarias suizas no bloqueadas.
El juez ha enviado a la cárcel a Bárcenas tras tomarle esta mañana declaración para que le diera explicaciones del origen de su fortuna de 48,2 millones de euros en Suiza, después de comprobarse que sus negocios de compraventa de cuadros no se corresponden con operaciones reales.
Poco antes, la Fiscalía Anticorrupción pidió el ingreso en prisión incondicional, lo mismo que ha hecho la acusación popular en esta causa, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE).
Hasta este momento, al extesorero tenía impuestas comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
En el auto de prisión, el juez estima que es procedente esta medida para asegurar su presencia en el proceso que se sigue contra él, evitando el riesgo de fuga y asegurando al mismo tiempo la preservación de fuentes de prueba relacionadas con los presuntos delitos objeto de imputación.
Ruz entiende que estando Bárcenas en prisión se evita la alteración de pruebas por parte del imputado.
La esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, también ha comparecido ante Ruz en relación con unos contratos de compraventa de unos cuadros, supuestamente de su propiedad y valorados en 560.000 euros.
La citación de ambos se produjo días después de que Ruz tomara declaración como testigo a la pintora argentina Isabel Mackinlay, que admitió haber accedido a firmar unos contratos en los que aparecía como intermediaria de una venta ficticia de cuadros de la mujer de Bárcenas.
Según Ruz, esos contratos no reflejarían “operaciones reales”, lo que le valió al matrimonio la imputación de tres nuevos delitos: falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales.
El extesorero ha justificado siempre el origen de su fortuna, ante los bancos suizos, la agencia tributaria y la justicia, en la compraventa de cuadros o los negocios inmobiliarios, algo de lo que duda el juez tras comprobar que el matrimonio trató de “inducir a error” al juzgado con esos contratos.
