La Fiscalía General de Bolivia pidió hoy la detención domiciliaria del expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) en el proceso que le sigue por delitos supuestamente cometidos al avalar contratos con petroleras sin autorización del Parlamento, acusación negada por el ex mandatario.
“Estamos pidiendo medidas cautelares para el señor Jorge Quiroga Ramírez, como la detención domiciliaria, el arraigo (prohibición de salir del país) y la anotación de sus bienes”, dijo a los medios el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial.
La solicitud de la Fiscalía debe ser analizada por el Tribunal Supremo de Justicia.
El Ministerio Público imputó formalmente la semana pasada a Quiroga, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y a tres exministros de Hidrocarburos por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El caso, conocido como “Petrocontratos“, investigó la denuncia de que las exautoridades “habrían favorecido a empresas trasnacionales causando daño económico al Estado con la firma de contratos petroleros que no fueron autorizados” por los Parlamentos de aquellos períodos, informó la Fiscalía.
Quiroga negó hoy que con los contratos firmados durante su gestión por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se haya causado daño económico al Estado y consideró que se trata de un juicio “político” impulsado por un fiscal general que, según dijo, es afín al Gobierno del presidente Evo Morales.
Recordó que Guerrero fue uno de los representantes del oficialismo en la redacción de la nueva Constitución boliviana y también fue uno de los 18 magistrados interinos que el presidente Morales designó por decreto en 2010 para cubrir las vacantes que existían entonces en el órgano judicial.
Según Quiroga, la acusación se trata de una estrategia de Morales para inhabilitar su eventual candidatura a las elecciones generales de 2014, aunque no confirmó si postulará en esos comicios.
La acusación también incluye al expresidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien reside en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando renunció a su cargo en medio de una ola de protestas sociales contrarias a su proyecto para exportar gas natural al mercado estadounidense por un puerto de Chile.
La represión militar a esas manifestaciones dejó un saldo de más de 60 muertos, lo que le ha valido a Sánchez de Lozada una acusación de genocidio y una solicitud de extradición, que no ha prosperado.
Los contratos petroleros vigentes en Bolivia fueron renegociados entre 2006 y 2007, tras la decisión del presidente Morales de nacionalizar el sector de hidrocarburos, y después fueron avalados por leyes que aprueban las operaciones de las petroleras.
En Bolivia opera una docena de trasnacionales petroleras, entre ellas la española Repsol, la brasileña Petrobras, la British Gas.
