Tribunal Supremo israelí da 6 meses para evacuar tres enclaves judíos en Cisjordania

El Tribunal Supremo ha dado seis meses de plazo al Gobierno israelí para evacuar tres enclaves judíos ilegales en Cisjordania, al considerar que no se puede confiar en los compromisos adquiridos por el Estado para hacerlo.

Las viviendas que deben ser evacuadas se encuentran en las colonias de Guivat Asaf, Mitzpé Yitzhar y Maalé Rehavam, todas ellas construidas de forma ilegal sobre tierras privadas palestinas, según la legislación israelí, informó hoy la web del diario “Haaretz“.

Según el derecho internacional, todos los asentamientos israelíes construidos en el territorio ocupado por Israel en 1967 son ilegales y suponen además uno de los principales obstáculos para el actual proceso de paz y la viabilidad de un Estado palestino.

El dictamen, dado a conocer el lunes, responde a una demanda interpuesta en 2007 por la organización pacifista israelí “Shalom Ajshav” (Paz Ahora) para que fueran evacuados en total seis enclaves judíos ilegales en Cisjordania.

Se trata, además de los tres mencionados, de los de Ramat Guilad, Guivat Haroé y Mitzpé Lajish.

Hace diez años, todos estos proto-asentamientos recibieron “órdenes de delineación”, unas ordenanzas administrativas destinadas a delinear su perímetro y permitir al Estado evacuarlos por completo en el momento que considere oportuno.

El recurso de Paz Ahora solicitaba a la Corte un requerimiento al Estado para que llevase a la práctica las órdenes de evacuación, que hasta la fecha no se han implementado.

En una resolución vinculante, el presidente del Supremo israelí, Asher Grunis, ordenó evacuar todas las estructuras erigidas en propiedades privadas palestinas en el plazo de seis meses, e informar a la Corte del progreso en la posible legalización de los restantes tres enclaves judíos.

Sobre estos últimos, Israel lleva años estudiando si fueron construidos sobre tierras que considera del Estado, en lugar de fincas privadas pertenecientes a familias palestinas. Por eso fueron incluidos en un proceso de legalización.

“Creemos que ha llegado el momento de ordenar al Estado que cumpla con sus compromisos y los lleve a cabo”, escribió Grunis en el dictamen.

“A raíz del enorme lapso de tiempo transcurrido desde que se presentó la demanda y el que ha pasado desde que el Estado se comprometió a evacuar los edificios, se ha incrementado la importancia del interés público sobre el cumplimiento de la ley y los compromisos“, reza la resolución judicial.

El Tribunal Supremo también ha ordenado al Estado pagar a los demandantes la cantidad de 25.000 shékels (5.255 euros o 7.096 dólares) por los costes legales.