El Supremo venezolano anunció hoy la citación a una audiencia oral y pública al alcalde del municipio San Diego, en el estado central de Carabobo, por presunto desacato de un fallo que le ordena quitar las barricadas con las que sectores opositores protestan contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La citación acordada por la Sala Constitucional del máximo tribunal (TSJ) al término de una reunión incluye también al director de la Policía del municipio, a fin de que ambos expliquen el presunto incumplimiento de una resolución que les ordena evitar que se coloquen obstáculos en las calles que impidan el libre tránsito.
“La Sala fijó una audiencia oral y pública, donde tanto el alcalde del municipio San Diego como el director general de la Policía municipal deberán exponer los argumentos que puedan esgrimir en su defensa frente al presunto desacato al Tribunal Supremo”, dijo el portavoz del TSJ, Martín Pacheco, al leer un comunicado.
De acuerdo con un fallo judicial dictado el pasado 12 de marzo, el alcalde Vicencio Scarano Spisso, de la oposición, y el director de la Policía municipal, Salvatore Lucchese Scaletta, deben proceder a la inmediata remoción de los obstáculos que hayan sido colocados en las vías del municipio.
El TSJ dijo en un comunicado que la fecha de la audiencia será fijada “oportunamente”.
En segundo lugar, la Sala Constitucional del TSJ amplió a más municipios la orden de prohibir las barricadas, que se han convertido en el principal método de los opositores radicales al chavismo desde el estallido de las protestas contra el Gobierno hace un mes.
Al fallo emitido el 12 de marzo que ordenaba a los alcaldes de los municipios caraqueños Baruta y El Hatillo eliminar los obstáculos en las calles, el TSJ sumó al municipio de Chacao, en Caracas, y a las ciudades de Maracaibo, en el occidental estado Zulia; de San Cristóbal, en el fronterizo Táchira, y Lechería, en el estado Anzoátegui, todos en manos de la oposición.
“Los alcaldes a quienes se sancionan son de los municipios donde presuntamente se han cometido mayor número de hechos delictivos como homicidios, destrucción de organismos públicos y privados (…), incendio de vehículos y cierre de vías, desde que se iniciaron las manifestaciones violentas”, indicó el TSJ.
Desde que el 12 de febrero pasado una marcha de estudiantes y opositores terminara en violencia, los municipios de Caracas gobernados por la oposición no han dejado de protestar con barricadas, cacerolazos y pancartas en las que se expresan los reclamos contra el Gobierno.
