La justicia de Argentina anunció el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta por las eventuales irregularidades cometidas en la concesión de obras públicas durante su gobierno.
Si bien Fernández ya está procesada por la venta de futuros de dólar por el Banco Central en su mandato, es la primera vez que se vincula judicialmente con casos de corrupción de manera directa.
Según la indagatoria dirigida por el juez Julián Ercolini, se indaga un esquema de “beneficios exclusivos” a favor de la empresa Austral, perteneciente al empresario Lázaro Báez, cercano a Néstor Kirchner y procesado por lavado de dinero en otro caso.
Junto con ello, se ordenó un embargo de 664 millones de dólares de Fernández, además de procesar a Lázaro Báez, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas José López, consignó radio Cooperativa.
En la resolución del juez Ercolini, se sindica a Cristina Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
Además, “se encuentra acreditado” que todos los involucrados en el caso formaron una asociación ilícita que funcionó entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
“Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”, agrega el escrito.
Por su parte, la ex presidenta recalcó en su momento cuando fue llamada a declarar en esta investigación, que era víctima de “una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático” orquestada por el gobierno de Mauricio Macri.
