La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que “en ningún caso” la vacunación de la población debe ser a la fuerza, apuntando a las políticas que ayuden a convencer a los ciudadanos de inocularse.
La ex presidenta de Chile planteó que “los derechos humanos no impiden la obligatoriedad de las vacunas, pero sí imponen límites sustanciales sobre cuándo y cómo se aplican”.
“Puede ser aceptable condicionar el ejercicio de algunos otros derechos y libertades -como el acceso a escuelas o espacios públicos- a la vacunación. Sin embargo, en ningún caso debe administrarse una vacuna a la fuerza. La negativa de una persona a cumplir con una política de vacunación obligatoria también puede conllevar otras consecuencias legales, incluyendo, por ejemplo, multas adecuadas. Cuando se impongan sanciones, éstas deben ser proporcionadas y estar sujetas a revisión por parte de las autoridades judiciales”, manifestó.
Bachelet señaló que la obligatoriedad de la vacunación debe estar prevista por la ley y solo se debería considerar cuando medidas preventivas contra el COVID-19 como el uso de mascarillas o el distanciamiento físico hayan fracasado como medida de control de la pandemia.
Varios países, especialmente los europeos, están avanzando tanto en la obligatoriedad de la vacunación como en las restricciones para los no inoculados, todo esto frente a un aumento en los contagios y la llegada de la variante ómicron del SARS-CoV-2.
