Pedro Castillo es citado a declarar ante la Fiscalía y suma cuatro investigaciones en su contra

Pedro Castillo, el presidente de Perú, fue citado a declarar ante la Fiscalía los días 4 y 9 de agosto por los casos de ascensos irregulares de las fuerzas de seguridad del país y la presunta obstrucción en la captura de los ministros prófugos.

El abogado del jefe de Estados, Benji Espinoza, se refirió a lo anterior después de ser consultado por la cadena de radio peruana RPP, detallando que “hay dos fechas. Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, para el caso de encubrimiento, el 9 de agosto. Ambas son por la mañana”. 

De acuerdo con la defensa de Castillo, aún falta por tomar la decisión de si la persecutora Patricia Benavides acude al edificio presidencial o si, por el contrario, el Mandatario sea quien deberá declarar en la sede del ministerio.

A la fecha, el jefe de Estado acumula cuatro investigaciones abiertas por la Fiscalía. No obstante, Castillo se ha defendido de las acusaciones, sosteniendo que “hasta este momento no han podido encontrar una prueba”.

Investigaciones en contra de Castillo

Las primeras dos investigaciones buscan una supuesta mafia que operaba en Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en un caso conocido como Puente Tarata, donde el ente acusador investiga desde abril de 2022 las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país.

Allí, supuestamente se habría otorgado a un consorcio asesorado pro la empresa Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción. 

De acuerdo con la Fiscalía, Pedro Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el ex titular de dicha cartera, Juan Silva, quien actualmente estaría prófugo.

En la organización criminal también habrían participado funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, todos con el objetivo de favorecer al consorcio Puente Tarata III y otras compañías en procesos de licitación pública.

Aun así, el Ministerio Público peruano acusó al jefe de Estado de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al mandatario.

La Fiscalía peruana, por su parte, anunció el 21 de julio la apertura de la tercera investigación contra Castillo, esta vez por presunto delito contra la administración de justicia o encubrimiento personal, un proceso abierto dos días después de que el ex ministro del Interior, Mariano González, denunciara que el mandatario obstruía la justicia y vinculaba su salida del Ejército al caso abierto contra familiares de Castillo.

“No tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene como fin obstruir la administración de Justicia”, denunció el ministro del Interior en alusión a la búsqueda del familiar del presidente Fray Vásquez, el ex asesor presidencial Bruno Pacheco, y el ex ministro de Comercio y Transporte Juan Silva, acusados de corrupción.

Después de un día, el ente persecutor anunció la apertura de una cuarta investigación contra el presidente, después de dejar sin efecto la suspensión que estableció un juez para iniciar las diligencias contra el mandatario por supuestos delitos por la compra de biodiésel en Petroperú.

De acuerdo con el Ministerio Público, Castillo habría intervenido en la compra de biodiésel para Petroperú en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., por lo que se le acusa de delito contra la administración pública y tráfico de influencias.