La suerte del presidente Pedro Castillo Terrones estaba escrita. El maestro rural de 59 años, perteneciente al partido de izquierda radical Perú Libre, enfrentaba este miércoles un proceso de vacancia tras ser investigado por una causa de corrupción. Castillo tenía enfrente los mismos argumentos con que los legisladores peruanos, agrupados en un Congreso unicameral, habían sacado del poder a su antecesores Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.
Los votos estaban para destituirlo. Sin embargo, en un arranque autoritario, Pedro Castillo decidió ganarles el quien vive: en mensaje en cadena nacional anunció que disolvía el Congreso y asumía un administración de emergencia que gobernaría por decreto.
Poco le duró a Castillo el arrebato autoritario. Sus partidarios en el Congreso y el gobierno mismo le quitaron apoyo, acusándolo de autoritario y golpista.
Ni la Policía Nacional del Perú ni las Fuerzas Armadas lo apoyaron. Castillo estaba solo e incluso su vicepresidenta Dina Boluarte lo acusó de intentar de hacer un golpe de Estado, al igual que lo hizo Alberto Fujimori en 1992.
Desde Plaza Bolívar, donde se emplaza la sede del Congreso, la respuesta no se hizo esperar: Castillo fue destituido por 101 votos.
Las tensas calles de Lima fueron testigos de cómo el ahora ex presidente intentaba asilarse en la embajada de México, pero decenas de ciudadanos cortaron el paso de su caravana.
El viaje de escapada terminó con el destituido presidente detenido en el cuartel de la Séptima Región de la Policía Nacional del Perú.
Cómo se originó la crisis
No era el primer proceso de destitución que había enfrentado Pedro Castillo. En noviembre de 2021 y en marzo de este año, el Congreso no logró reunir los votos suficientes para lograr la vacancia en el cargo del mandatario. Pero los intentos por sacarlo del poder agravaron aún más la relación del Parlamento con el gobierno. Castillo enfrentaba seis acusaciones de corrupción
Pero fue la acusación constitucional que presentó la Fiscalía Nacional la que tomó más peso.
Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación reveló indicios de que Castillo es el cabecilla de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Castillo respondió a los medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y que las acusaciones “son orquestadas” en una nueva modalidad de “golpe de Estado en Perú”.
Tras semanas de alta tensión, la política limeña cerró una nueva crisis con Dina Boluarte jurando como la primera presidenta del Perú.
