Aprueban formalizar investigación contra Pedro Castillo por rebelión
La justicia peruana también extendió la investigación hacia el ex presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, uno de los más estrechos colaboradores del destituido presidente.
Por Sebastián Dote
Pedro Castillo permaneció detenido luego que el tribunal rechazara una apelación presentada por su defensa. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú aprobó formalizar la investigación contra el ex presidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración, tras el fallido autogolpe realizado hace una semana, el que terminó con su destitución del cargo.
La decisión del tribunal también se extendió hacia el ex presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, uno de los más estrechos colaboradores del ex mandatario, quien lo acompañó en todo momento tras el discurso en donde declaró la disolución del Congreso de Perú.
Según lo consignado por La República, la investigación judicial estableció que Castillo -en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP)- habría pretendido alcanzar su “objetivo criminal” al comunicarse con el comandante general de la Policía, Raúl Alfaro desde el celular del ex ministro del Interior, Willy Huerta.
“El presidente me señaló general cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación”, especificó la Fiscalía tras tomar la declaración de Raúl Alfaro.
En la acusación se señaló además que el ex gobernante también tuvo la intención de viabilizar su alzamiento en armas a través del Ejército Peruano tras comunicarle al ministro de Defensa que debía renunciar Manuel Jesús Martín Gómez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 6 de diciembre.
Pedro Castillo permaneció detenido luego que el tribunal rechazara una apelación presentada por su defensa. Aníbal Torres, en tanto, anunció que entraría a la clandestinidad.
Protestas en Perú
Las resoluciones judiciales en contra del ex presidente Castillo ocurren en medio de un agitado momento social, marcado por protestas en diversos puntos del país. Los manifestantes se movilizaron exigiendo la disolución del Congreso del Perú y un adelanto de las elecciones generales.
La presidenta Dina Boluarte respondió a esta exigencia e informó que presentaría un proyecto para que los comicios se realicen en abril de 2024 y no en 2026, como señala el periodo constitucional al ser la reemplazante directa del destituido ex mandatario.
La ola de violencia -que se concentró principalmente en la zona sur del país-, ha dejado al menos siete muertos y cientos de policías heridos.
