El Gobierno expresó su condena tras conocer la decisión de Israel de expandir sus operaciones militares en Gaza y así conquistar y retener los territorios de la Franja, con el consiguiente desplazamiento forzado de toda la población palestina residente.
La Cancillería precisó en una declaración pública que “de concretarse tal decisión, implicaría una violación flagrante del derecho internacional”.
“Chile recuerda, además, que un nuevo desplazamiento forzoso de la población gazatí constituiría un crimen de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma“, puntualizó la cartera dirigida por Alberto van Klaveren.
Asimismo, La Moneda “expresa su firme rechazo al nuevo plan de distribución de ayuda humanitaria anunciado por Israel, iniciativa que contraviene principios humanitarios fundamentales, tales como la humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. En ese sentido, exigimos a Israel que permita la entrada urgente de ayuda humanitaria a Gaza”.
La postura del Ejecutivo se conoce tras el anuncio realizado por el Gabinete de seguridad de Benjamin Netanyahu, el cual considera “capturar la Franja y controlar los territorios, desplazar a la población gazatí hacia el sur para su defensa, negar a Hamás la capacidad de distribuir suministros humanitarios y realizar ataques contundentes contra Hamás“.
Zeev Elkin, miembro del gabinete de seguridad, indicó en declaraciones reproducidas por BBC Mundo, que “estamos aumentando la presión con el objetivo de traer a nuestra gente a casa y derrotar a Hamás”.
Sin embargo, esta iniciativa encontró el fuerte rechazo de las familias de los rehenes, agrupados en Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos, los que recalcaron que el plan es la constatación que Netanyahu estaba “eligiendo territorio antes que rehenes” y que esto iba “en contra de la voluntad de más del 70% de la población” de Israel.
