La jueza federal estadounidense, Allison Burroughs, detuvo temporalmente la prohibición que había impuesto el gobierno de Donald Trump a la Universidad de Harvard para matricular estudiantes internacionales.
La fallo se emitió horas después de que el centro de estudios superiores más antiguo y rico del país norteamericano presentara una demanda ante la medida durante esta jornada.
El argumento de Harvard sobre la revocación a la certificación de su Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio decía que era una “clara represalia” por su rechazo a las demandas políticas de raíces ideológicas de gobierno para frenar programas de diversidad y luchar contra el antisemitismo en su campus.
“Es el último acto del gobierno en clara represalia por el ejercicio por parte de Harvard de su derecho, amparado en la Primera Enmienda, a rechazar las exigencias del Gobierno de controlar la gobernanza de Harvard, su plan de estudios y la ideología de sus profesores y estudiantes“, indicaba el texto completo de la demanda sobre alumnos internacionales.
Burroughs es la misma jueza encargada de examinar otra demanda de Harvard ante el gobierno, respecto a la congelación de US$ 2.650 millones en fondos públicos.
El anuncio de la querella inicial venía acompañada de una carta, enviada hacia la comunidad académica por el presidente de la universidad, Alan Garber. “Condenamos esta acción ilegal e injustificada“, escribió en la misiva.
“Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos en Harvard y sirve de advertencia a otros incontables alumnos en universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y alcanzar sus sueños“, agregó.
Harvard cuenta con casi 10 mil personas en su comunidad académica internacional, mientras que unos 6.800 estudiantes internacionales representan el 27,2% de su matrícula en el año académico 2024-25, quienes esperan en vivo la resolución final de la medida.
