En 2010, un tsunami terminó con la vida de más de quinientos compatriotas y afectó a miles más, exigiendo una reacción rápida y diligente del Presidente Sebastián Piñera, que se preparaba para asumir el primer gobierno de centroderecha desde el retorno a la democracia. Dieciséis años después, el diputado Jaime Araya (PPD) ironiza con que desde la oposición presentarán un “tsunami” de unas 2.500 indicaciones a los 40 artículos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional. Con lo que no contaba era con que se filtrara un video suyo revelando la estrategia.
Mientras el oficialismo impulsa un proyecto para la reconstrucción, parte de la oposición pareciera estar aunando fuerzas no para enriquecer el debate, sino para entorpecerlo. En el video, Araya —quien en el pasado ha sido candidato impulsado por la DC, el PPD y el PRI— explicaba que estaban haciendo “un trabajo que nadie ve” y que “va a ser un sufrimiento para este gobierno”. Lo que parece no advertir es que, cuando el proceso legislativo se traba deliberadamente, efectivamente la ciudadanía no ve al Congreso trabajando. Y el verdadero sufrimiento no lo padece el gobierno, sino las personas que esperan que el país avance en reconstrucción, crecimiento y superación de la pobreza. No hace falta citar encuestas para constatar el desprestigio que el inmovilismo, la pelea permanente y la falta de resultados han generado en el Congreso Nacional.
En la misma reunión, donde también participaron el diputado Boris Barraza (PC) y Darío Quiroga, exasesor del comando de Jeannette Jara, se adelantó además la intención de llevar varias materias al Tribunal Constitucional, con el objeto de demorar la tramitación y, si el gobierno no fundamenta adecuadamente la inadmisibilidad de ciertas indicaciones, “viciar el proceso legislativo”. Curioso concepto. Más aún viniendo de un parlamentario que hace menos de dos meses prometió guardar la Constitución. Quienes integran el Congreso deberían ser los primeros interesados en cuidar la corrección del procedimiento legislativo, no en buscar resquicios para dañarlo.
Por cierto, el rol de toda oposición es fiscalizar, controvertir y resistir políticamente las ideas que considera perjudiciales. Pero una cosa es ejercer la oposición y otra muy distinta es legislar de mala fe. La democracia supone que los representantes discuten públicamente para mejorar las normas en favor de la ciudadanía. Nada de eso ocurre cuando el objetivo principal deja de ser deliberar y pasa a ser bloquear. Esa actitud, además, tensiona el principio de probidad, que exige desempeñar lealmente el cargo público.
Finalmente, las declaraciones del diputado parecen enviar un recado al Tribunal Constitucional, confiando quizá en que una relativa mayoría de ministros de sensibilidad progresista enfrentará las decisiones del Congreso. Al respecto, siempre es sano celebrar que la izquierda vuelva a valorar a un tribunal que en otros tiempos Fernando Atria calificaba como cerrojo constitucional. Pero, sobre todo, corresponde defender la autonomía de sus ministros, para que puedan resolver con imparcialidad cualquier eventual requerimiento.
Por años, distintos centros de estudios hemos impulsado reformas al sistema político para mejorar la calidad del debate y del proceso legislativo. Sin embargo, los propios incumbentes han sido incapaces de aprobar nada hasta la fecha. Y lo lamentable, es que pareciera ser que la estrategia de la oposición es mantenerlo todo como está. Mucho ruido, pocas leyes.
