El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó fuertemente la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos contra Brasil, así como también las sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribuna Federal, calificando como “inaceptable la interferencia” estadounidense en la Justicia brasileña.
“Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia“, dijo Lula en una nota oficial denominada Brasil es un país soberano y democrático.
La sanción sobre De Moraes fue aplicada bajo la Ley Magnitsky, un instrumento con el que el gobierno estadounidense puede bloquear activos y restringir transacciones financieras con personas extranjeras acusadas de corrupción o violaciones a los derechos humanos. El juez es el encargado de los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro, aliado estratégico de Trump.
“En Brasil, la ley se aplica a todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte la vida de la población y de la democracia brasileña está sujeta a normas”, aseguró el jefe de Estado ante la situación que afecta al magistrado de su país.
La férrea defensa que ha tenido Lula ante los aranceles estadounidenses le ha valido un repunte en la aprobación frente a los ciudadanos brasileños, según la encuesta Latam Pulse, una iniciativa colaborativa de AtlasIntel y Bloomberg. Según el sondeo, 50,2% de los brasileños aprueba su desempeño, superando por primera vez la desaprobación desde octubre de 2024.
“La motivación política de las medidas contra Brasil atenta contra la soberanía nacional y contra la propia relación histórica entre ambos países“, agregó el mandatario, recordando que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil desde hace varios años. Asimismo, reconoció que su gobierno “sigue dispuesto a negociar los aspectos comerciales“.
