El gobierno del presidente Javier Milei oficializó esta mañana el veto a las tres leyes aprobadas el 10 de julio por el Congreso de Argentina que entregaban beneficios a los jubilados, como el aumento de las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.
A través de un comunicado, compartido en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025, la Presidencia argentina indicó que la medida cayó en “graves deficiencias técnicas“. Asimismo, argumentó que los proyectos vetados fueron aprobados “de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación“.
Con esta decisión adoptada por Milei, el Congreso de Argentina deberá tratar el rechazo a las leyes que beneficiaban a los jubilados.
“Los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 millones de pesos para el año 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y del 1,68% del PBI estimado para el año entrante”, agregó el escrito.
Asimismo la administración apunta a que las leyes iban a “provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos” y que había sido generado por ciertos sectores “con el evidente objetivo de hacer campaña” en pleno ciclo electoral.
“A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este Presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre”, cierra el documento.
De qué trataban las leyes vetadas
La primera normativa vetada es la que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria y entregaba un aumento único del 7,2% en jubilaciones y pensiones, acompañada también con una ayuda económica de hasta $110.000 para ciertos beneficiarios.
Por su parte, el segundo proyecto planteaba la reinstalación de la moratoria y la flexibilización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Finalmente, la última ley vetada por Milei declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, lo que obligaba al gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para el sector. De acuerdo al Ejecutivo, la medida hubiera obligado a ampliar de manera masiva el universo de beneficiarios.
