El presidente Gabriel Boric cuestionó públicamente la reciente disposición de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que instruyó a sus embajadas a “tomar nota” de aquellos países cuyas autoridades impulsen o financien medidas a favor del aborto, la eutanasia, el cambio de sexo en menores, políticas de diversidad u otras iniciativas calificadas como woke.
A través de Instagram, el mandatario chileno rechazó de manera tajante la señal enviada desde Washington. “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia“, afirmó, marcando distancia frente a la directriz norteamericana.
La medida se inscribe en la estrategia ideológica que Trump ha desplegado contra lo que denomina “wokismo“, un concepto con el que agrupa políticas progresistas o alejadas del conservadurismo tradicional.
Ya en agosto, el informe global sobre derechos humanos del Departamento de Estado había anticipado este giro, al omitir capítulos que históricamente incluían evaluaciones sobre la situación del colectivo LGBTQ+ y sobre corrupción en distintos países.
Las instrucciones de Trump a embajadas que desató la respuesta de Boric
El vocero adjunto, Tommy Pigott, justificó el nuevo enfoque de la administración Trump al señalar que “en los últimos años, nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos“. Añadió que el gobierno no permitirá que “queden impunes” acciones como “la mutilación de niños, las leyes que infringen la libertad de expresión y las políticas laborales que discriminan por raza“.
Las instrucciones exigen reportar subvenciones públicas destinadas al aborto, el uso de fármacos abortivos y el total de interrupciones voluntarias del embarazo registradas en cada país. También obligan a consignar políticas de diversidad, equidad e inclusión cuando impliquen mecanismos de discriminación positiva por motivos de raza, sexo o clase social.
Otro eje será documentar posibles coacciones para acceder a la eutanasia y los procesos de cambio de sexo en menores, calificados por el Departamento de Estado como “mutilación química o quirúrgica”. Además, se pide reforzar la vigilancia sobre restricciones a la libertad de expresión, violaciones a la libertad religiosa —con foco en el antisemitismo— y prácticas que faciliten la “migración masiva o ilegal”.
