La Justicia peruana sentenció al ex presidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El veredicto fue leído en la sala instalada dentro del penal de Barbadillo, recinto que se ha convertido en el principal punto de reclusión de ex mandatarios del país y donde Castillo permanece desde su detención ese mismo día.
En el centro penitenciario también cumplen arresto Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Martín Vizcarra (2018-2020), lo que subraya la convulsionada historia política reciente del Perú.
Durante la audiencia, el tribunal sostuvo que el entonces jefe de Estado “fue detenido en flagrancia delictiva por la comisión del delito de rebelión al haber atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional“.
Los magistrados agregaron, además, que “si bien es verdad que está indiscutiblemente probado que Pedro Castillo resolvió en su condición de presidente de la República atentar contra el orden constitucional, empero, de los hechos probados, no se aprecia haberse configurado plenamente la mínima organizatividad de un alzamiento en armas“. Esta precisión resultó clave para perfilar el tipo penal finalmente aplicado.
El caso que llevó a Pedro Castillo a la cárcel
El caso se originó tras el mensaje televisado en el que Castillo anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y su intención de gobernar mediante decretos. La declaración ocurrió horas antes de que el Parlamento, en manos de la oposición, votara una nueva moción de destitución motivada por denuncias de presunta corrupción que lo involucraban directamente.
El intento de ruptura institucional fracasó casi de inmediato. Castillo fue detenido pocos minutos después de abandonar el Palacio de Gobierno mientras se dirigía hacia la Embajada de México, donde su familia sí logró llegar y obtuvo asilo. Más tarde, el Congreso oficializó su destitución y autorizó su ingreso en prisión preventiva.
A las afueras del penal, un grupo de simpatizantes exigió su liberación y denunció una persecución política. La Fiscalía había solicitado hasta 34 años de cárcel por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, así como 19 años y 30 días por conspiración, cargos que finalmente no prosperaron en su totalidad.
