La provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, oficializó este jueves la declaración de emergencia económica en sus 135 municipios, una medida incluida en la ley de presupuesto bonaerense para 2026 que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.
La decisión, aprobada de madrugada en la Legislatura provincial, se enmarca en un escenario de creciente tensión entre las provincias y el Gobierno nacional por el reparto de fondos.
Según establece la norma, la emergencia responde a “la profunda recesión y el incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado Nacional de transferencias automáticas y no automáticas” destinadas a las provincias. Con la medida, se habilitan mecanismos excepcionales que reduce trámites y acorta procesos administrativos para permitir decisiones de manera más rápida.
El reclamo, impulsado por la administración del gobernador Axel Kicillof, no es aislado: varias jurisdicciones han denunciado retrasos en los giros nacionales, lo que agravó los roces políticos en la antesala de las elecciones legislativas de octubre.
Buenos Aires, gobernada por Kicillof desde 2019 y hogar de casi el 40% de la población argentina, ha quedado en el centro de la disputa. Aunque tras los comicios el presidente Javier Milei —que obtuvo más del 40% de los votos— buscó recomponer el diálogo con varios gobernadores para asegurar gobernabilidad, ese acercamiento no alcanzó a los mandatarios abiertamente enfrentados con la Casa Rosada. Kicillof, junto a otros jefes provinciales críticos del Gobierno, permanece excluido de las reuniones impulsadas por el Ejecutivo nacional.
Presupuesto 2026, el trámite paralelo a la emergencia económica de la provincia de Buenos Aires
En paralelo a la declaración de emergencia, la Legislatura bonaerense aprobó el presupuesto 2026, que contempla gastos por 43 billones de pesos. También avanzó la ley impositiva, que incorpora una alícuota del 9% sobre la renta obtenida por entidades financieras a través de la compra de títulos públicos emitidos por la Nación.
Sin embargo, quedó pendiente el debate sobre la ley de financiamiento. Ese proyecto, clave para la gestión provincial, busca autorizar al gobierno de Kicillof a tomar deuda por 3.035 millones de dólares, destinada en gran parte a cubrir obligaciones acumuladas en ejercicios anteriores. La discusión sobre ese endeudamiento promete convertirse en un nuevo punto de fricción en la ya compleja relación entre la provincia y el Gobierno nacional.
