La autoridad electoral de Honduras avanza hacia la proclamación del ganador de las elecciones presidenciales celebradas el mes pasado gracias a la aprobación de un informe, en un escenario atravesado por una diferencia mínima en el recuento de votos, impugnaciones aún sin resolver y una marcada división interna dentro del organismo encargado del escrutinio.
El candidato del Partido Nacional (PN) —de derecha y conservador—, Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, encabeza el conteo con una ventaja inferior a un punto porcentual frente al presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal y ex vicepresidente de la actual mandataria, Xiomara Castro. La estrechez del resultado ha intensificado las tensiones políticas y los cuestionamientos al proceso.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el escrutinio alcanzó el 99,2% de las actas contabilizadas hasta este martes. Con ese nivel de avance, el pleno del organismo aprobó durante la noche un informe que propone declarar al vencedor de los comicios “con los datos que hasta este momento se tienen a disposición”. La resolución fue respaldada por dos de los tres consejeros que integran el CNE.
Aunque no se anunció de inmediato la fecha del pronunciamiento oficial, el Partido Nacional sostuvo que la proclamación podría concretarse este miércoles. La ley establece como plazo máximo el 30 de diciembre para declarar al nuevo mandatario. En paralelo, el CNE mantiene pendiente la revisión de unas 600 actas que presentan inconsistencias.
Las tensiones en Honduras por el informe
La resolución aprobada también rechazó varias impugnaciones, lo que, según el informe, despeja el camino para la designación formal del ganador. Sin embargo, Nasralla rechazó la decisión y reiteró su exigencia de una revisión más amplia del escrutinio. “No acepto la declaratoria (…), están impidiendo el conteo voto por voto”, afirmó en un video difundido en redes sociales, en el que denunció supuestas irregularidades en miles de actas y reclamó un recuento exhaustivo antes de cualquier proclamación.
Las tensiones se profundizan por la fractura interna del CNE, atribuida a la politización del organismo, cuyos cargos se reparten entre los tres principales partidos. Esa división quedó en evidencia durante la votación del informe, cuando el consejero oficialista Marlon Ochoa se negó a respaldarlo. “No debo ni puedo participar en un acto ilícito porque me convertiría en cómplice (…). Aquí se consumará un golpe de Estado electoral”, declaró.
Ochoa sostuvo que aún deben resolverse 288 impugnaciones, nulidades y reclamos, y advirtió que avanzar sin atenderlos vulnera las garantías del proceso. En ese contexto, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigue presuntos delitos electorales, sumando un nuevo foco de tensión a la etapa final del conteo.
