Las calles de Irán han protagonizado una ola de protestas en los últimos cinco días. La precaria situación económica en el país elevó manifestaciones y el cierre de comercios en Teherán se ha ido esparciendo a lo largo del territorio. La inflación, la devaluación de la moneda y el estancamiento económico son las principales quejas de quienes han salido a mostrar su disgusto.
Desde hace años Irán sufre una pronunciada escalada de precios de productos básicos y una crónica devaluación de su moneda. Este diciembre, por ejemplo, la inflación anual alcanzó el 52%, de acuerdo al Centro de Estadísticas nacional. Al ser una nación dependiente de las importaciones, el shock inflacionario tuvo un efecto social desestabilizador inmediato.
Rápidamente el origen económico pasó a tener tintes de ira política, donde se han elevado consignas como “muerte al dictador“, en relación al líder supremo Alí Jamenei. La violencia escaló hasta terminar con enfrentamientos directos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, lo que ha dejado un saldo hasta el momento de siete fallecidos y más de 30 heridos, según la ONG opositora iraní Hrana.
Se tratan de las protestas más importantes desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras se encontraba detenida desencadenó movilizaciones a nivel nacional.
“Estados Unidos acudirá a su rescate”: la amenaza de Trump por protestas en Irán
Ante los hechos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con “acudir al rescate” de los ciudadanos que se enfrentan a las autoridades del país si es que se siguen registrando asesinatos.
“Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar“, escribió Trump en su breve mensaje a través de su plataforma Truth Social.
El tinte político que han adquirido las movilizaciones contra la República Islámica motivó al mandatario estadounidense a referirse al tema, pese a que las autoridades han intentado transmitir mensajes tranquilizadores, reconociendo las “demandas legítimas” de la población.
