Alrededor de 2.000 personas han muerto en las protestas que sacuden a Irán desde hace dos semanas, según reconoció el martes un funcionario iraní a la agencia Reuters. Se trata de la primera vez que las autoridades admiten públicamente un número tan elevado de víctimas mortales tras la intensa represión desplegada contra los disturbios en todo el país.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, atribuyó las muertes tanto de manifestantes como de miembros de las fuerzas de seguridad a lo que calificó como acciones de “terroristas”, sin ofrecer un desglose detallado de las víctimas. La cifra oficial contrasta con la de la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, que ha verificado al menos 648 fallecidos y advirtió que el número real podría superar las 6.000 personas.
Las protestas, detonadas por el agravamiento de la situación económica y el aumento del costo de vida, representan el mayor desafío interno para el régimen iraní en al menos tres años. Con el correr de los días, las manifestaciones dejaron de centrarse exclusivamente en demandas económicas y evolucionaron hacia un movimiento de rechazo al régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución islámica de 1979.
El doble discurso por los 2.000 muertos en Irán
Ante la crisis, las autoridades clericales intentaron un doble discurso: por un lado, reconocieron la legitimidad de las protestas vinculadas a problemas económicos; por otro, endurecieron la respuesta en materia de seguridad. Al mismo tiempo, acusaron a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios y sostuvieron que las manifestaciones fueron “secuestradas” por grupos anónimos a los que tildan de terroristas.
El martes se restableció la conexión telefónica internacional en Teherán, aunque el acceso a internet continúa bloqueado desde el 8 de enero. Organizaciones de derechos humanos aseguran que esta medida busca ocultar la magnitud de la represión y ha dificultado la verificación independiente de las cifras.
La admisión oficial de cerca de 2.000 muertos marca un punto de inflexión en la estrategia informativa del régimen, que hasta ahora había evitado divulgar cifras globales sobre las víctimas del conflicto.
