El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría recurrir a la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas militares en Minnesota, en medio de un creciente enfrentamiento entre autoridades estatales y federales por las tácticas empleadas por agentes de inmigración.
La amenaza se produce en un contexto de protestas y disturbios vinculados a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado fricciones políticas y legales. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario apuntó directamente contra las autoridades estatales.
“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, (…) instituiré la Ley de Insurrección, que muchos presidentes han utilizado antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese estado que alguna vez fue grande”, escribió.
La Ley de Insurrección fue aprobada en 1792 y modificada en 1871. Esta normativa autoriza, bajo determinadas circunstancias, el despliegue de tropas dentro del territorio estadounidense. Su aplicación se articula con la Ley Posse Comitatus de 1878, que en términos generales prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de orden interno.
El coqueteo de Trump con el uso de la Ley de Insurrección y su aplicación en el pasado
No es la primera vez que Trump plantea esta posibilidad. El año pasado ya había amenazado con invocar la ley en respuesta a protestas contra ICE en Portland. Sin embargo, la última utilización efectiva de la norma data de 1992, cuando el entonces gobernador de California solicitó al presidente George H. W. Bush apoyo federal para contener los disturbios en Los Ángeles.
Trump y su círculo cercano han recurrido con frecuencia al término “insurrección” para describir las manifestaciones contra ICE registradas en distintas ciudades del país. “Tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, dijo el mandatario en octubre. “Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si se estuviera matando gente y los tribunales, los gobernadores o los alcaldes nos estuvieran obstaculizando, por supuesto que lo haría”.
La ley contempla dos vías de activación: a pedido de un gobernador o de la legislatura estatal, o de forma unilateral por el presidente si considera que existen “obstrucciones ilegales” o una “rebelión” que impiden hacer cumplir la ley federal por los medios judiciales ordinarios. En el pasado, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la utilizaron para imponer la integración escolar tras el fallo Brown v. Board of Education. Según el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, la norma ha sido invocada unas 30 veces a lo largo de la historia estadounidense.
