El Puerto de Chancay en Perú, construido con capital chino, está en el centro de la polémica. La justicia peruana, a través del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, estableció que el Estado no está capacitado para realizar labores de regulación y fiscalización en el lugar.
El mencionado tribunal declaró fundada una demanda de amparo presentada por la empresa china Cosco Shipping. En la sentencia, se dispuso que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) se abstenga de ejercer “directamente o a través de dependencias u organismos técnicos adscritos” sus facultades de regulación, supervisión fiscalización y sanción de las operaciones que se desarrollen en el terminal portuario.
La firma había demandado a finales de 2024 a Ositran, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, por la supervisión del puerto, considerando que esta vulnera sus derechos de control.
Sin embargo, Cosco Shipping —dueña del 60% del puerto— clarificó en un comunicado que recurrió “a instancias judiciales para hacer valer sus derechos en relación con la supervisión específica de Ositrán. Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización, así como de velar por la protección de derechos de los usuarios”.
El Puerto Chancay tiene capacidad para un millón de contenedores al año. Se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece en su mayoría a Cosco Shipping, teniendo control del 40% restante la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial. Su propósito es convertirse en el punto neurálgico de conexiones de comercio marítimo de China con Sudamérica.
Estados Unidos por el puerto de Perú: “El dinero barato chino cuesta soberanía”
En respuesta el Gobierno de Estados Unidos aseguró estar “preocupado” ante la posible pérdida de facultades por parte del Estado peruano. De tal manera, Washington lanzó una advertencia a través de un mensaje de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
“Preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores”, escribió la Oficina en X. “Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía“.
Estados Unidos aprobó a mediados de enero un acuerdo de hasta US$ 1.500 millones para equipar y modernizar la Base Naval de Callao, a menos de 80 kilómetros del Puerto de Chancay.
Desde Cosco Shipping, no obstante, aseveran entregar facilidades a otros entes fiscalizadores peruanos como Aduanas, la Autoridad Portuaria Nacional incluida una Unidad de Control Conjunto, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, entre otros de diversos sectores.
