En una operación que se realizó a las 9:15 horas de hoy en la Bolsa de Comercio de Santiago, se remataron las acciones de las empresas sanitarias Essbio y Esval que le pertenecían al Estado.
Con la venta de ambos paquetes accionarios, el Estado reacudó US$ 564,16 millones con lo que se cierra el proceso de enajenación de activos que poseía en el sector sanitario determinado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Corfo, organismo público encargado de administrar dichos papeles, colocó a remate 10.166.680.00 títulos de Essbio, lo que equivale al 38,44% de su participación en la compañía. En tanto, por Esval fueron puestos 3.655.223.908.000 de sus papeles, o sea, el 24,43% de su propiedad.
El banco de inversiones Larraín Vial fue el comprador de las sanitarias, en representación del fondo Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), que adquirió los títulos al precio mínimo fijado por Corfo, de $ 15 para Essbio y $ 0,029 para Esval.
Corfo había anunciado previamente que mantendrá el 5% de la participación en accionaria en ambas compañías, ya que con esto se le permite tener “derecho a veto sobre operaciones que involucren transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones sanitarias de estas empresas”.
El Gobierno contaba hasta hoy con un participación de 43,44% de Essbio, mientras que en Esval es de 29,43%.
La medida no ha estado exenta de críticas, el diputado DC Patricio Vallespín ya ha hecho pública la intención de la Concertación de que una vez sea realizada la venta solicitarán a la Contraloría que revise el proceso, según consigna radio Bío Bío.
En tanto, ayer los senadores RN Antonio Horvath, Lily Pérez, Francisco Chahuán y José García, además de los independientes Carlos Cantero y Carlos Bianchi, enviaron al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine un oficio solicitando que se tenga a bien revisar la licitación y privatización de la parte que tiene el Estado en las empresas sanitarias Esval, Esbbio y Essal.
Horvath explicó que han realizado esta petición en base a “la conveniencia de que el Estado reserve para sí esta porción del patrimonio estratégico, que se refiere al agua”.
Los legisladores manifestaron que en caso que el Gobierno persista en la venta de la participación en las sanitarias, los fondos recaudados sean utilizados preferentemente en asegurar el agua, sobre todo en las áreas de mayor escasez.
